Según recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las entidades no gubernamentales que concurran a la presente convocatoria deberán dedicarse «únicamente y con carácter exclusivo y habitual» a la realización de actuaciones en favor de las personas mayores. El plazo para solicitar las subvenciones: 30 días naturales a contar desde el 11 de julio.
Entidades de implantación estatal
Las subvenciones deberán destinarse al mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales de entidades de implantación estatal de personas mayores, tales como reparaciones o realización de congresos, cursos, jornadas, publicaciones y asistencia técnica para la investigación y elaboración de estudios.
Sea como fuere, la resolución también señala como «prioridades» los gastos básicos producidos por el mantenimiento y funcionamiento de la entidad que solicita la ayuda, las actuaciones para el fomento de confederaciones y federaciones, y la formación, la implantación y el desarrollo de sistemas de calidad para las entidades de mayores de actuación estatal.
Parámetros de valoración
Con objeto de conceder las subvenciones, el Imserso valorará los objetivos que se pretenden alcanzar, el impacto de la actuación, la población a la que van dirigidos, el número de personas beneficiarias directas –máximo cuatro puntos–, el contenido técnico de las actuaciones y su adecuación a los objetivos propuestos, el calendario previsto de realización, la descripción de las acciones concretas que se pretenden realizar, y los medios personales, técnicos y materiales con que se cuenta para poner en marcha las actividades.
En este contexto, y según lo estipulado en la resolución, el Imserso valorará especialmente la implantación de un sistema de control y evaluación de las actividades por parte de la propia entidad, mediante el establecimiento de indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos –máximo 10 puntos.
Asimismo, tendrán también peso en la decisión de la concesión de las ayudas la adecuación del presupuesto a las dimensiones del proyecto, la previsión de que obtenga cofinanciación pública o privada, la continuidad en el tiempo de las acciones para las que se solicita la ayuda y la experiencia en la gestión de actuaciones sociales por parte de las entidades que la piden.
Los solicitantes serán informados de la resolución, positiva o negativa, de la convocatoria en un plazo máximo de seis meses contados desde su fecha de publicación en el BOE.
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