La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) recuerda que la suspensión de plazos administrativos decretada durante el estado de alarma implica el mantenimiento de la vigencia del certificado de discapacidad en base a la suspensión de plazos administrativos y de plazos de caducidad establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Por ello, hace un llamamiento a la Agencia Tributaria (AEAT), al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) para que, en relación con las prestaciones y deducciones que dependen de dichos organismos, acepten la vigencia prorrogada de los certificados de discapacidad caducados durante el estado de alarma, así como la de aquellos cuya renovación quedó sin resolución al iniciarse el mismo, mientras no pueda llevarse a cabo la tramitación pertinente.
Se trata de que las familias no queden desasistidas en un momento ya especialmente difícil para su economía, pues recordemos que el certificado de discapacidad es la llave para acceder a la mayoría de las prestaciones y medidas establecidas para compensar el sobrecoste que asumen las familias con un miembro con discapacidad.
Títulos de Familia Numerosa
Idéntica previsión deberá realizar la Agencia Tributaria con respecto a los títulos de familia numerosa que hayan caducado en este periodo o cuya renovación haya quedado en suspenso. De otra forma, estas familias también se encontrarán con la suspensión del abono anticipado de la deducción del IRPF por familia numerosa y con previsibles trabas para acceder al subsidio de necesidades educativas especiales, si deben renovar o carecen de dicha acreditación como tal familia numerosa.
Llamamiento a las administraciones autonómicas
FIAPAS hace además una llamada de atención a los responsables autonómicos para que se impliquen y agilicen estos procedimientos pendientes, tanto de expedición como de renovación, para no prolongar ni incrementar innecesariamente las dificultades que ya tienen que afrontar las familias con hijos e hijas con discapacidad.
