Concretamente, el CERMI presentará al Gobierno una propuesta de real decreto regulador de estas tarjetas de estacionamiento de personas que debería constituirse como legislación básica en la materia y, por tanto, aplicable obligatoriamente en todas las comunidades autónomas y municipios.
Proteger los derechos
A día de hoy, la competencia sobre el régimen jurídico de este tipo de tarjetas está repartida entre las comunidades autónomas –algunas de las cuales, que no todas, han regulado la cuestión– y las corporaciones locales, a través de sus ordenanzas sobre circulación y estacionamiento.
El resultado es que, como indica el CERMI, «en la práctica, la situación es muy confusa y cambiante según la localidad y el territorio en que se resida, lo que provoca falta de protección de los derechos de las personas con discapacidad, siendo esta cuestión una de las que más quejas y protestas origina por parte de las personas con discapacidad».
Por todo ello, el CERMI entiende que «hay base jurídica suficiente para que aprobar una normativa estatal básica que regule los aspectos esenciales de las tarjetas de aparcamiento», razón por la que ha anunciado que presionará al Gobierno para que actúe en este sentido.
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