El deber legal de accesibilidad de las redes sociales surge como respuesta a las demandas del movimiento social de la discapacidad pues, como explica el CERMI, «se ha comprobado con informes y estudios independientes que ninguna red social de las implantadas en España cumplía con los requisitos mínimos para ser accesibles a personas con discapacidad, discriminado y excluyendo por tanto estas plataformas a un gran número de usuarios con discapacidad que se ven privados de su derecho a participar en estos canales de relación y comunicación sociales».
El incumplimiento será penado
Concretamente, la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece que «las páginas de Internet que sirvan de soporte o canal a las redes sociales en línea, desarrolladas por entidades cuyo volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), exceda de 6.101.121,04 euros, deberán satisfacer, a partir del 31 de diciembre de 2012, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos».
Así, el CERMI se ha comprometido a vigilar «estrechamente» el cumplimiento de este deber legal por parte de las empresas titulares de las redes sociales ‘online’, y a denunciar las inobservancias. No en vano, como recuerda el Comité, «constituyen infracciones administrativas castigadas con arreglo a la Ley 49/2007″.
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