La Federación Europea de Padres de Niños con Discapacidad Auditiva, de la que FIAPAS es miembro, hace un llamamiento a las autoridades para que, en este contexto de pandemia, garanticen los derechos de las personas con sordera y sus familias, según vienen recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Podéis leer la Declaración en castellano en: http://www.fiapas.es/sites/default/files/declaracion_fepeda_covid_19_vdef.pdf?fbclid=IwAR0teYRZjSaz_gt8U0h8RQXKaR5jr9qQ1VW7ebHwgY0sG4GnywdwhbCMti8

Medio centenar de eurodiputados, incluyendo representantes del PSOE; Ciudadanos y Podemos, han exigido a la Comisión Europea que adopten nuevas medidas para movilizar inversiones y recursos esenciales con objeto de garantizar la continuidad de los servicios de atención y apoyo a las personas con discapacidad.

En su carta exponen que el cierre de miles de servicios de atención y apoyo en toda Europa, durante la pandemia, repercute en las condiciones de vida de millones de personas con discapacidad en Europa que se benefician directamente de los servicios de atención y apoyo, sus familias y cuidadores, así como de los 11 millones de profesionales que trabajan en esos servicios y que corren el riesgo de perder sus empleos.

Recuerdan que la razón principal del cierre de muchos de estos servicios, prestados en muchos casos por entidades sin ánimo de lucro, es la falta de financiación garantizada por parte de las autoridades públicas. Debido a la pandemia, muchos servicios se han adaptado rápidamente para garantizar la atención y el apoyo dentro de las circunstancias y normas actuales (distancia social, etc.). El hecho de que esta adaptación no estuviera prevista en sus contratos anteriores a la crisis con las autoridades (y las autoridades no están proporcionando flexibilidad) está provocando incertidumbre y falta de acceso a la financiación necesaria, poniendo así en peligro la continuidad de los servicios de atención y apoyo.

Por todo ello, solicitan a la Comisión Europea que la iniciativa de inversión para la respuesta al virus (CRII y CRII+) incluya una orientación específica a los Estados para garantizar que estos recursos, incluido el Fondo Social Europeo, se utilicen para apoyar a las personas con discapacidad y a otras personas con necesidades de apoyo.