Como explica el CERMI, “ante la ausencia de guías sobre RSC/D concebidas para su aplicación por parte de las instituciones y empresas públicas, hemos acometido la elaboración de este manual, que podrá al servicio de todas las Administraciones como herramienta operativa para desarrollar la RSC/D pública”.
No en vano, recuerda el Comité, “en España, las Administraciones Públicas, en sus distintos niveles nacional, autonómico y local, apenas han desarrollado estrategias de RSC en sus propios ámbitos, como si estas cuestiones solo correspondieran a las empresas y organizaciones privadas, pero no a las que tienen carácter público”.
Sector público y RSC
La nueva Guía del CERMI ha sido elaborada por José Antonio Martín, experto en responsabilidad social empresarial, y ha contado con una ayuda del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
En este contexto, como destaca el Comité, “las Administraciones deben, por supuesto, promover la RSC de índole privada, favoreciendo unas políticas públicas y un marco normativo, de incentivos y apoyos que estimulen la realización y extensión de este tipo de prácticas por los operadores del sector económico y la sociedad civil. Pero esto, siendo de enorme importancia, no basta”.
Por ello, incide el CERMI, “los poderes públicos y las Administraciones que los encarnan deben asumir y aplicar políticas y estrategias internas de RSC como una dimensión más de su organización y procesos, comprometiéndose con la comunidad a la que sirven más allá de las obligaciones legales que por supuesto les corresponden y que son indeclinables”.
Y es que como concluye el Comité, “las Administraciones Públicas son también agentes de RSC y no pueden permanecer por más tiempo ajenas a estas políticas. Tienen un enorme espacio que recorrer y han de comenzar a transitarlo, para lo cual han de establecer estrategias, fijarse objetivos, definir procesos, poner calendarios y entablar contacto con sus grupos de interés, incluido el de las personas con discapacidad y sus familias”.
Para descargar la guía, clica aquí.
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