Los avances científicos y la innovación alcanzada en el tratamiento de la fibrilación auricular (FA), después de muchos años de investigación, están chocando con la robustez de los presupuestos sanitarios. Esta es la descripción de la situación que ayer emitían los doctores Ignacio Fernández Lozano, presidente de la Sección de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y Alfonso Martín, coordinador del Grupo de Arritmias Cardiacas de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), en el acto depresentación de un nuevo Documento de consenso para el tratamiento de la FA en urgencias.
Según Lozano y Martín los nuevos anticoagulantes orales presentan una serie de ventajas con respecto a los anticoagulantes clásicos (ej. acenocumarol); los nuevos no exigen controles periódicos frecuentes e incluso se pueden administrar a dosis fijas, aunque resultan significativamente más caros que los clásicos. “Son la opción preferente”, recalcó Martín, “pero hay muchas restricciones”, añadió Lozano. “No es que los médicos no quieran, es que no pueden indicarlos”, añadió Martín.
Esta situación resulta altamente preocupante para el colectivo de pacientes anticoagulados. El colectivo siente impotencia e indigación mientras observa como las autoridades sanitarias le impiden acceder a nuevas opciones terapéuticas que han demostrado su eficacia y seguridad, pero que por contra tienen un coste mucho más elevado que el tratamiento habitual.
No se trata de una cuestión de falta de solidaridad por parte del colectivo de pacientes anticoagulados, que reconoce que en momentos de crisis debemos ajustarnos el cinturón, se trata de que la salud de las personas que toman anticoagulantes para impedir que un ictus le provoque la muerte no se mida únicamente por factores económicos.
