De acuerdo con los resultados, “únicamente un 22% de los 1.024 españoles encuestados se mostró reticente a aportar información en las páginas web y motores de búsqueda sobre sus dolencias menores”, explican los autores.
No tanto así cuando se detalla el historial clínico en Internet, situación en la que el porcentaje de reticentes “aumenta hasta más de la mitad de los participantes en el estudio, concretamente hasta un 52%”.
Los alemanes, los más reticentes
Por lo que respecta al resto de ciudadanos europeos, los británicos muestran una confianza en la red similar a la de los españoles –el 22% no está de acuerdo con aportar información sobre sus dolencias menores, y el 54% con que se detalle su historial clínico–. Además, los italianos “son los europeos menos reacios a facilitar este tipo de información, con un 22% en dolencias menores y un 35% en el historial clínico completo”, aseguran los autores del estudio.
En el extremo opuesto se sitúan los franceses (32% y 45%) y, sobre todo, los alemanes (52% y 73%).
Protección de datos
El 90% de los datos personales colgados en Internet han sido generados en los últimos dos años. Así lo afirma un estudio elaborado por la compañía IBM, que asegura que los datos “pueden ser fácilmente transferibles entre diferentes mercados y empresas, e intercambiados sin necesidad de incurrir en unos costes excesivamente elevados”.
En este contexto, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la legislación española sobre la seguridad de los datos es “muy estricta” y, entre otras obligaciones, establece que “las compañías se aseguren de que tanto ellas como los proveedores encargados de tratar esos datos desarrollan las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente en materia de protección de datos”.
Además, la ley también exige que las medidas de seguridad adoptadas “sean revisadas periódicamente para asegurar que estén actualizadas y que siguen siendo efectivas, debido, fundamentalmente, a la actualización constante de los diferentes desarrollos tecnológicos”.
Así, y en aquellos casos en los que no se adopten las medidas de seguridad obligatorias para proteger los datos de carácter personal “se incurre en una infracción grave que puede derivar en multas que oscilan entre los 40.000 y los 300.000 euros”, concluye Osborne Clarke.
