La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad Física (COGAMI) dedica a la accesibilidad universal el mes de julio de su campaña ‘12 Llaves de la Inclusión’, iniciativa puesta en marcha en el marco de su 30 aniversario para concienciar a la población sobre los derechos básicos y fundamentales que tienen todas las personas.

Como destaca COGAMI, “según nos vamos adaptando a la nueva realidad ocasionada por la COVID-19 hacemos una llamada de atención a la ciudadanía para que se respeten los espacios públicos, de manera que las personas con movilidad reducida y las mayores puedan desplazarse sin impedimentos”.

Con la llegada de la ‘nueva normalidad’, los espacios públicos están siendo ocupados frecuentemente por filas de personas que esperan el acceso a establecimientos y por las terrazas, que ahora ocupan un mayor lugar en las aceras para mantener las distancias de seguridad. De hecho, la normativa vigente de accesibilidad recoge que debe de haber 1,80 metros de separación entre las terrazas y los espacios peatonales, una distancia no siempre respetada al ampliar la distancia entre las mesas.

Lugares de convivencia

Como alerta Anxo Queiruga, presidente de COGAMI, “si a la situación de las terrazas se añade la necesidad de cumplir con las distancias entre las personas, existe el peligro de que no se respeten los espacios ni las distancias en las aceras para una movilidad autónoma, cómoda y segura entre las personas con movilidad reducida y/o las personas mayores. Y los espacios públicos deben ser lugares de convivencia para todas las personas en igualdad de condiciones”.

En esta misma línea, debe recordarse que las medidas de prevención adoptadas, dado su carácter obligatorio, deben cumplir con las normas de accesibilidad en igualdad para todas las personas, como la colocación de dispensadores de higienización y su localización, la disponibilidad de contenedores sin pedal para la eliminación de residuos y el uso de mascarillas.

Sin embargo, como denuncia la Confederación, “la situación de confinamiento de muchas personas con movilidad reducida ya se daba desde antes de la pandemia, al igual que la existencia de barreras en el tránsito de las calles. Desde nuestro movimiento asociativo reivindicamos la necesidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y que las administraciones hagan seguimiento del cumplimiento de la norma de todas las actuaciones urbanísticas que se realicen”.

Por todo ello, y entre otras medidas, COGAMI propone la realización de estudios previos de accesibilidad en obras o proyectos de infraestructuras; la elaboración y aprobación de un plan integral de accesibilidad autonómico con una Comisión Técnica de Accesibilidad como organismo de seguimiento de la aplicación de la ley y que cuente con la participación de entidades del movimiento asociativo de la discapacidad; la necesidad de que las viviendas de protección oficial públicas sean accesibles y con un porcentaje de reserva a personas con problemas de movilidad; y la mejora de la señalización de edificios públicos para facilitar la orientación y comprensión a todas las personas.

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