Como informa el CERMI, “se trata de una medida social que ya se aplica en países europeos como Alemania y Austria, y que compensaría en parte el sobrecoste en que incurren estas personas y sus familias a la hora de afrontar sus desplazamientos, toda vez que dependen en gran medida del transporte particular ante la falta de accesibilidad del general”.
Sin coste para las arcas públicas
La exención del pago de peaje por este motivo social no supondría coste directo para las arcas públicas, pues como recuerda el Comité, “esta singularidad podría preverse en las condiciones de los contratos de concesión de las autopistas que negocian las empresas concesionarias y el Estado”.
Además, “y dado el proceso que se está viviendo en estos meses de rescate público de cierto número de autopistas por su situación de quiebra financiera, sería el momento de introducir inmediatamente esta medida para las autopistas rescatadas y, acto seguido, extenderla a todas las autopistas modificando para ello la Ley General de Carreteras.
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