El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, reclama a las autoridades una protección reforzada, más intensa, para las personas con discapacidad y sus familias en las medidas que se adopten contra los efectos de la pandemia de coronavirus, dada la posición de mayor necesidad objetiva que presenta este grupo social.
Así, y en primer lugar, explica el CERMI, “debe garantizarse la accesibilidad a los contenidos informativos y comunicacionales que las autoridades públicas están dirigiendo a la población general sobre la pandemia. Si la comunicación no es universalmente accesible, los mensajes de salud pública no están llegando a toda la ciudadanía en una situación de emergencia nacional, con lo que se perjudica a las personas con discapacidad”.
Protección más intensa
Entre otras medidas, el movimiento de la discapacidad exige a las comunidades autónomas, como responsables de los servicios sociales, que durante las clausuras, cierres y/o suspensiones de servicios se mantenga la financiación de la Administración pública y “no se haga recaer el quebranto económico sobre las asociaciones que gestionan esos servicios sociales de atención a personas, por delegación pública, como si se las castigara cuando se trata de una situación de fuerza mayor.
Por su parte, y en relación con la creación de una posible prestación transitoria de Seguridad Social para los progenitores que deban permanecer en el domicilio cuidando a sus hijos cuyos centros educativos o de atención social hayan sido cerrados, el Comité reclama que la prestación se incremente un 25% en casos de discapacidad reconocida dado el mayor sobrecoste que comporta la atención a las situaciones de discapacidad.
Como indica el CERMI, “en este caso n basta que la prestación esté pensada solo para cierres de colegios, también de centros de servicios sociales –servicios de atención temprana, centros ocupacionales, centros de día, etc.–, pues muchas personas con discapacidad reciben asistencia en esa tipología de recursos, que deben tener la consideración asimilada a centros lectivos”.
Finalmente, y por lo que respecta a los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa social que se vean cerrados o en cese de actividad obligada, el Comité propone que se eleve transitoriamente al 65% la subvención del salario mínimo interprofesional (SMI) por cada trabajador con discapacidad de especiales dificultades de inserción.
Sea como fuere, concluye el CERMI, “pedimos a los poderes públicos que extremen el diálogo civil y las consultas y escucha activa con el sector social de la discapacidad en la gestión de esta crisis de salud pública, para que esta parte de la ciudadanía no quede desprotegida o en posición de mayor exposición a los efectos de la pandemia”.
– A día de hoy, 95 asociaciones de pacientes dedicadas a la discapacidad y a la dependencia son ya miembros activos de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?
