La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha presentado esta mañana los resultados del estudio “Salud mental e inclusión social. Situación actual y recomendaciones contra el estigma”. Ignacio Tremiño, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad; Teresa Palahí, secretaria general de la Fundación ONCE y José María Sánchez Monge, presidente de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA han sido los encargados de abrir el acto, dando cuenta de la importancia de este Estudio desde el punto de vista institucional. Así, Palahí ha señalado que la Fundación ONCE tiene como finalidad trabajar por la integración y la no discriminación de las personas con discapacidad, por lo que ha agradecido que la presentación de este estudio tenga lugar en su sede, puesto que “las personas con enfermedad mental se encuentran frecuentemente en situaciones de discriminación, a causa del estigma”. Y ha aprovechado para pedir a los medios de comunicación que hagan uso de la guía de estilo editada hace años por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, para contribuir, desde su ámbito de actuación, a la erradicación del estigma.
Tremiño, por su parte, ha denunciado que la inclusión real de las personas con problemas de salud mental no ha llegado, y ha querido recordar que es un asunto que compete a la sociedad en su conjunto. “Hace falta establecer una metodología para erradicar el estigma, por eso es tan importante este estudio”, que, ha recordado, se ha financiado con parte de los fondos recaudados a través de la casilla de fines sociales de la declaración de la renta. Una casilla, ha dicho “que todos tenemos la obligación moral de marcar”.
El presidente de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha asegurado que la organización no cejará en el empeño de defender los derechos de las personas con problemas de salud mental y de sus familias, ni de sensibilizar a la población para eliminar las raíces del estigma. “Lo hemos hecho siempre y estamos convencidos de que estos esfuerzos no son baldíos. Queremos que las personas con problemas de salud mental sean cada vez más autónomas”, ha dicho.
Posteriormente, Jimena Cazzaniga Pesenti y Anabel Suso Araico, investigadoras del Estudio realizado por la consultora RED2RED, han explicado la metodología utilizada para su realización, así como las barreras encontradas para su consecución. En este sentido, Suso ha destacado que la clave del estudio ha sido analizar qué implica el estigma. “Es un rasgo que deja una marca que permite señalar a una persona para separarla del resto”. Siempre con connotaciones negativas. “El proceso de estigmatización parte de lo cognitivo basado en elementos no contrastados que utilizamos para clasificar la realidad. Utilizamos estereotipos, que después instalamos en el plano emocional –los prejuicios- y que desembocan en la discriminación y el rechazo”.
Resultados del estudio
El documento recoge, por un lado, un análisis de la bibliografía publicada hasta el momento sobre el estigma hacia las personas con trastorno mental y, por otro, los resultados del trabajo de campo realizado en el entorno judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ser éste el sector en el que se ha constatado una grave carencia de información.
El análisis inicial contempla la estigmatización del colectivo en los ámbitos sanitario, educativo, de los medios de comunicación, de los servicios sociales, del empleo, de las familias, del poder ejecutivo y legislativo, y del penitenciario. El trabajo de campo se centra en las percepciones y actitudes en relación con el estigma en los ámbitos policial y judicial, así como en los factores causantes del estigma, las barreras derivadas de éste a las que se enfrentan las personas con trastorno mental y las medidas puestas en marcha para reducir el estigma. Para ello, las personas con problemas de salud mental han tenido una participación destacada en la elaboración del estudio.
Jimena Cazzaniga ha perfilado los resultados del estudio, destacando el abuso de medidas de contención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los traslados y los ingresos de las personas con problemas de salud mental. Y la “muerte civil de las personas con un trastorno mental”, que muchas veces son incapacitadas jurídicamente. Las barreras se salvarán, ha dicho Cazzaniga, entre otras cosas, “con el establecimiento de protocolos de coordinación de actuaciones, y con formación específica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
En el acto ha intervenido también el fiscal del Tribunal Supemo, Carlos Ganzenmüller, quien ha defendido que, para garantizar el respeto de los derechos de las personas con enfermedad mental en el ámbito judicial, “es necesario aplicar definitivamente la Convención ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Es una norma clave, incorporada al derecho comunitario y al estatal, ha dicho. “Desde el punto de vista teórico, hay magníficas sentencias de aplicación de la Convención”, pero, sin embargo ha denunciado que, conforme a la Convención, “no procedería en ningún caso una incapacitación, sino que debería facilitarse un apoyo en un momento dado”, para que no se dé esa “muerte civil”, que previamente ha mencionado Jimena Cazzaniga.
Por su parte, la coordinadora de FEAFES Salud Mental Región de Murcia, Rosa Garrigós, ha explicado en qué consiste el “Protocolo de coordinación de actuaciones para los traslados e ingresos de personas que padecen enfermedad mental” de la Región de Murcia, señalando la importancia de que todos los actores implicados lo firmen y lleven a cabo. El protocolo, ha explicado Garrigós, “aborda la forma en que se deben realizar los traslados e ingresos involuntarios urgentes, en los que siempre debe primar el criterio médico, ya que no precisan intervención judicial previa”. Para ella, “la formación de los profesionales y la aplicación del protocolo es fundamental”.
Vicente Rubio, experto en salud mental en primera persona, ha señalado que “el diagnóstico pesa como una losa”. Y ha marcado la diferencia entre la estigmatización consciente y la inconsciente. La consciente hace que mucha gente rechace a las personas con trastorno mental por asociarlas a la peligrosidad, de las cuales ha dicho que “hay que mostrarles que están equivocados”. Por otro lado, “el rechazo social a todo aquel que salga del camino establecido”, es inconsciente, pero también está ahí. Por último, el autoestigma, ha dicho, mina el autoestima y dificulta el camino hacia la autonomía personal. En opinión de Rubio, “hace falta una implicación de las instituciones y de unos medios de comunicación sensibles”.
Por último, Celeste Mariner, directora ejecutiva de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, ha presentado las conclusiones del Estudio, entre las que destacan que “las deficiencias en el sistema de atención comunitaria a la salud mental están en el origen de muchos de los procedimientos judiciales” que se llevan a cabo en los juzgados de guardia por presuntos delitos cometidos por una persona con trastorno mental en una situación de crisis. Refiriéndose al ámbito penitenciario, ha querido destacar que “las prisiones no son un lugar adecuado para las personas con trastorno mental”. Una situación, ha recordado, a la que “no se habría llegado si el diagnóstico se hubiera tenido en cuenta en el plano judicial. Algo que muchas veces no se hace, porque el sistema de juicios rápidos no lo permite”.
Para todos los ámbitos mencionados, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA elaborará posteriormente una Estrategia estatal de lucha contra el estigma que pueda ser implementada en los próximos años por la Confederación.
En la clausura, el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha destacado la importancia del estudio presentado hoy, como “primer paso de una hoja de ruta destinada a acabar con la discriminación”.
