UNAD solicita incrementar los fondos asignados a las políticas relacionadas con adicciones

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha lanzado un llamamiento a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que apoyen la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2025, con el objetivo de asegurar la estabilidad económica y social del país, y en particular, la continuidad de las políticas de prevención y tratamiento de adicciones. La organización, que agrupa a más de 200 entidades en toda España, ha subrayado la importancia de incrementar los fondos asignados al Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) para garantizar una respuesta eficaz a los desafíos que presentan las adicciones, tanto con como sin sustancia.

En una carta enviada a los grupos parlamentarios, UNAD destacó que la crisis sanitaria vivida en los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un sistema de salud sólido y bien financiado, capaz de responder a futuras crisis y de proporcionar atención de calidad a toda la población. Según la organización, «el sistema sanitario debe ser reforzado con fondos suficientes que permitan garantizar el acceso a tratamientos y servicios». Para ello, consideran que es indispensable que los presupuestos que se aprueben estén adaptados a la realidad actual, donde las adicciones siguen siendo una de las áreas más críticas que requieren intervención urgente.

Con una trayectoria de más de 40 años trabajando en la defensa de los derechos de las personas con adicciones, UNAD atiende anualmente a más de 47.000 personas afectadas y a sus familias. La organización ha sido un pilar clave en la atención y acompañamiento de personas que se enfrentan a problemas de adicción con la colaboración de una red diversa de ONG repartidas por todo el país. Este enfoque holístico incluye la prevención, el tratamiento y la reducción del daño, así como la sensibilización de la sociedad sobre los riesgos asociados a las adicciones.

En España, las adicciones siguen siendo un problema de salud pública significativo. Aunque se han implementado programas y políticas destinadas a su prevención y tratamiento, la realidad es que el número de personas que sufren de algún tipo de adicción, ya sea al alcohol, tabaco, drogas ilegales o comportamentales como el juego o las apuestas online, sigue en aumento. Los cambios en los patrones de consumo y la aparición de nuevas sustancias y formas de adicción, sumados a la vulnerabilidad generada por factores económicos y sociales, hacen que la necesidad de contar con recursos adecuados sea más apremiante que nunca.

En este sentido, el Plan Nacional sobre Drogas ha jugado hasta el momento un papel fundamental, aunque UNAD se advierte de que los fondos actuales destinados a esta institución son insuficientes para hacer frente a los retos cada vez mayores que plantean las adicciones. Por esta razón, la red pide un aumento de la partida presupuestaria en los PGE de 2025, lo que permitiría consolidar políticas eficaces de prevención y reducción de los daños derivados del consumo de drogas y otras adicciones.

UNAD insiste en que la falta de recursos pone en peligro la capacidad de las organizaciones que trabajan en este campo para continuar ofreciendo sus servicios, los cuales incluyen no sólo el tratamiento de las adicciones, sino también la prevención y la reintegración social de las personas afectadas. «Las entidades que trabajan en este ámbito deben contar con los recursos necesarios para seguir con su labor», subraya la carta enviada al Congreso.

Esta llamada se suma a las demandas de otras organizaciones sociales que también consideran crucial la aprobación de unos PGE que garanticen una sanidad pública fuerte y bien dotada económicamente. En un contexto de recuperación pospandemia, donde la sanidad ha estado bajo una enorme presión, las organizaciones del tercer sector temen que los recortes o la falta de fondos puedan tener efectos devastadores en toda una serie de servicios esenciales.

Desde UNAD se hace hincapié en la responsabilidad que tienen los grupos parlamentarios para asegurar que los PGE de 2025 respondan a las necesidades de la población más vulnerable, incluidas las personas que sufren adicciones. El apoyo parlamentario es visto como un paso fundamental para garantizar que las políticas de prevención, tratamiento y reducción de daños continúen avanzando, y que las entidades que las implementan cuenten con el respaldo financiero necesario para desarrollar su labor de manera efectiva.