El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro activo de Somos Pacientes, ha publicado el informe ‘2003-2012: 10 años de legislación sobre no discriminación de personas con discapacidad en España’, extensa monografía en la que se examina la producción normativa en materia de discapacidad de la última década.
Como recuerda el Comité, «la promulgación en el año 2003 en España de la ‘Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad’ significó el inicio de la asunción por el ordenamiento normativo nacional de la dimensión de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, como base irrenunciable de las legislaciones y las políticas públicas destinadas a este grupo social».
Posteriormente, la adopción, ya en 2006, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por las Naciones Unidas, así como la firma y ratificación de este tratado internacional por España en 2008, «consolidó de modo irreversible el enfoque de derechos humanos en todo lo relativo a la acción pública sobre las personas con discapacidad y sus familias«, explica el CERMI.
Acceso inconcluso
Por ello, la obra ‘2003-2012: 10 años de legislación sobre no discriminación de personas con discapacidad en España’, promovida conjuntamente por el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad, ha tenido por objetivo, según explica el Comité, hacer balance jurídico, en estos apenas diez años transcurridos, de lo sucedido en esta esfera en que se anudan de forma inextricable discapacidad y Derecho.
Para ello, un nutrido equipo de especialistas, académicos y prácticos ha examinado en sus contribuciones los aspectos más representativos del despliegue normativo de la no discriminación de las personas con discapacidad en España. «Y si bien los avances y la celeridad en algunos casos de los mismos en esta década quedan atestiguados, la conclusión es que aún resulta ingente la tarea que se precisa para que pueda decirse que estas personas disfrutan de un acceso a derechos y a bienes jurídicos equiparable al del resto de la ciudadanía», concluye el CERMI.
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