Cumplidos siete años de vigencia de la Ley de Dependencia, ambas entidades han querido denunciar a través de esta iniciativa «la demolición controlada y derogación encubierta del Sistema de Atención a la Dependencia tras las tres reformas que ha sufrido la ley por el Gobierno de Rajoy, que ha impactado de manera cruel en las personas en situación de dependencia».Como enfatiza José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, «parece una contradicción, pero es lo que tenemos que hacer para denunciar unos recortes crueles que están haciendo que un millón de personas en situación de dependencia y sus familias, en este momento con gran vulnerabilidad social, estén pasándola con un gran sufrimiento y para éste no hay pastillas, es diario«.
Cambio del modelo asistencial
Según los datos aportados por ambas entidades, los recortes en la ley han provocado que cerca de 200.000 personas en situación de dependencia a las que se les había reconocido el derecho «sigan, dos años después, esperando a ser beneficiarios de la ley, al mismo tiempo que se ha recortado la prestación económica a los cuidadores y expulsado a cerca de 170.000 de la Seguridad Social».
Como denuncia Jaime Esteban, coordinador de la LAPAD, «ha sido un continuo ataque y demolición de la Ley de Dependencia con la intención de cambiar el modelo asistencial«.
Por todo ello, las organizaciones reclaman al Congreso de los Diputados una resolución que obligue al Gobierno a dotar al Sistema de la Dependencia de la partida presupuestaria suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley.
