La Oficina del Defensor del Pueblo registró el pasado año un total de 1.854 quejas relacionadas con la Sanidad, el 80% de las mismas referidas a la atención sanitaria –tanto en la especializada por las listas de espera como, sobre todo, en la Atención Primaria por la disminución de los horarios en los puntos de atención continuada (PAC)– y, muy especialmente, a la prestación farmacéutica, pues el copago constituye el motivo de queja más común en materia sanitaria.
Así lo muestra el ‘Informe Anual de la Institución’ presentado en el Congreso de los Diputados, en el que se observa un crecimiento de las quejas con respecto a 2012 –180 más–, tanto a nivel individual –789 frente a las 779 de 2012– como colectivo –1.052 quejas por 893–. Un aumento que, sin embargo, resulta menos significativo que el observado en el anterior ejercicio, cuando se observó un crecimiento de 595 quejas (2011) a 1.674 (2012) como consecuencia de la implantación de la reforma sanitaria acometida por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy.
Concretamente, las quejas formuladas en 2013 están relacionadas con la exclusión de colectivos del ámbito de protección de la sanidad pública, la financiación de medicamentos, la supresión de centros de urgencia en Atención Primaria o la insuficiente dotación de personal sanitario. Y lógicamente, el principal organismo referido en las quejas es el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al que siguen los servicios de salud autonómicos –con especial mención, dado el número de investigación, de los de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia.Copago farmacéutico
Por lo que hace referencia a la prestación farmacéutica, muy especialmente a los copagos, la mayoría de quejas se centran en las cuantías que deben abonar las personas con rentas bajas y discapacidad. Una vez más, la Oficina del Defensor lamenta que sus recomendaciones en las que se solicita la exención de estas personas «no hayan sido aceptadas», si bien existe el compromiso de Sanidad de replantear los porcentajes de pago.
De hecho, el Informe recoge que si bien «los casos que se han cerrado con diferencias de criterio, en los que se ha producido un desencuentro sustancial entre la Administración concernida y esta Institución son escasos, reconoce, con la excepción de la atención farmacéutica, puesto que el Ministerio ha rechazado diversas recomendaciones que esta Institución ha formulado en materia de copago«.
Listas de espera y cierre de PAC
Por su parte, por lo que respecta a la atención sanitaria, debe referirse especialmente la exclusión de los inmigrantes en ‘situación irregular’ de la asistencia gratuita, una situación que «preocupa» a la Oficina del Defensor y cuyas recomendaciones “no han sido aceptadas”, si bien el informe reconoce que algunas CC AA y entidades sociales han «habilitado sus propios procedimientos para ofrecer la atención necesaria«.
Asimismo, también es significativo el número de quejas sobre las listas de espera, «una de las principales causas de insatisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública», especialmente cuando las demoras se perciben como crecientes o excesivas. Una situación que se agrava más aún cuando el paciente debe pasar por diferentes listas de espera –»consultas externas, pruebas diagnósticas y procedimientos quirúrgicos, lo que resulta lesivo para el paciente», apunta el Informe.
Finalmente, y entre otras demandas de los ciudadanos, el informe también refiere las quejas sobre los casos de pacientes atendidos por profesionales en período de formación, lo que supone “una intromisión ilegítima en su esfera íntima y personal”; y sobre la supresión o al cierre en horario nocturno de PAC en municipios de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia.
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