Como explica la Institución, “en nuestra opinión, la rigidez de la normativa que aprobó por vía de urgencia el nuevo modelo de copago farmacéutico, que entró en vigor en julio de 2012, perjudica la situación de muchos pacientes en situación de vulnerabilidad y entraña un riesgo adicional para la garantía de adherencia a los tratamientos médicos en determinadas circunstancias”.
Exención del copago
Entre las medidas propuestas por la Institución a Sanidad destaca la exención del copago, o la aplicación de un porcentaje mínimo, a los pacientes afectados por enfermedades crónicas y graves, entre otras las enfermedades raras, degenerativas y oncológicas y muy especialmente cuando se trate de menores de edad.
Asimismo, la Institución también considera necesario eximir del copago a las personas con discapacidad con grado reconocido y a las personas con ingresos económicos de cualquier naturaleza que no superen un umbral mínimo, a determinar en función de los indicadores de riesgo de pobreza.
Es más; la Oficina del Defensor del Pueblo considera “insuficientes los actuales tramos de renta –de 0 a 18.000 euros, de 18.001 a 100.000 euros, y de más de 100.000 euros–, por lo que solicitamos que se fijen nuevos tramos y porcentajes de copago que se correspondan mejor con los principios constitucionales de progresividad y equidad”.
Así, la Oficina del Defensor del Pueblo ha recomendado a Sanidad recomendado que se determine con claridad cuál es la Administración competente para resolver las reclamaciones de los ciudadanos en materia de copago farmacéutico y que se pongan en marcha los instrumentos necesarios para que dichas reclamaciones puedan atenderse.
Por último, el Defensor del Pueblo también ha solicitado al Gobierno que elabore un informe que evalúe el impacto que ha tenido la introducción del copago farmacéutico en los objetivos de contención del gasto público y en la calidad de la prestación farmacéutica que ofrece el Sistema Nacional de Salud (SNS).
