En palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, “la nueva norma es más que un compendio de leyes. Todas estas normas se han actualizado y armonizado siguiendo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Ello supone el reconocimiento expreso de que son titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar su ejercicio pleno. Se supera, así, el concepto asistencial de décadas pasadas: las personas con discapacidad pasan de ser objeto de tratamiento y protección social a ser considerados ciudadanos libres y titulares de derechos”.
Ley unificada y actualizada
El nuevo Real Decreto integra en una única norma la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI), de 1982; la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU), de 2003; y la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de 2007.
Es más; por primera vez en la legislación española, la norma también incluye un título dedicado a los derechos de las personas con discapacidad, incorporando su protección en todos los ámbitos, desde la igualdad de oportunidades hasta la atención sanitaria, la educación y el empleo.
Concretamente, y por lo que respecta al ámbito de la protección de la salud, la ley establece que las Administraciones deberán desarrollar actuaciones para promover la prevención de la discapacidad y garantizar una atención sanitaria efectiva y eficiente; en el ámbito educativo atenderá las necesidades del alumnado con discapacidad mediante apoyos y los ajustes correspondientes para asegurar un sistema educativo inclusivo; y en el ámbito laboral clasifica los tipos de empleo –empleo ordinario, empleo protegido y empleo autónomo– para garantizar el derecho al trabajo de los miembros del colectivo.
Finalmente, y entre otros aspectos, la ley refuerza la consideración especial de la discriminación múltiple, para garantizar los derechos de quienes pueden estar en esta situación de acusada vulnerabilidad –muy especialmente los niños y las mujeres con discapacidad–; e incluye el reconocimiento expreso del principio de libertad en la toma de decisiones, que afecta a todos los derechos que se regulan, por lo que serán las personas con discapacidad las que puedan optar o no por acogerse a las medidas de acción positiva.
Apoyo del CERMI y COCEMFE
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, ha calificado la nueva normativa, en cuya elaboración ha participado junto a otras organizaciones, “como un avance para las personas con discapacidad. Y es que si bien no es una ley de nueva planta, supone un avance en la legislación, que la hace más segura”.
Así, y según el CERMI, “está claro el alcance de la nueva norma, pero no creará nuevos derechos para la ciudadanía con discapacidad, pues se trata de un texto refundido. Pero sí armonizará y aclarará conceptos”.
Por su parte, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), miembro de Somos Pacientes, también ha mostrado su apoyo a la unificación y actualización de la normativa, de la que destaca la definición de los distintos tipos de discriminación, la coordinación de las Administraciones para la prevención de la discapacidad y la clasificación de los tipos de empleo.
En palabras de Mario García, presidente de COCEMFE, “la nueva normativa tiene que garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, que sigue siendo la gran tarea pendiente para nuestro colectivo. El incumplimiento reiterado de las leyes que nos afectan perjudica directamente a los objetivos con los que se aprobaron: asegurar nuestra plena integración y normalización social”.
– A día de hoy, 63 asociaciones de pacientes dedicadas a la discapacidad y a la dependencia ya son miembros de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?
