En palabras de Ana Mato, titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “es insostenible que cualquier administración deje de pagar a aquellos que le prestan sus servicios, pero mucho más lo es cuando a quien se adeuda es a las organizaciones que, desde el ánimo altruista, se dedican a resolver los problemas de los demás, a ayudar a los más vulnerables”.
En la actualidad, el Tercer Sector de Acción Social integra a más de 29.000 entidades con decenas de miles de voluntarios que atienden cada día a más de seis millones de personas. “Una atención que se lleva a cabo desde el más absoluto de los desprendimientos y que representa los mejores valores de nuestro país: la solidaridad y la dedicación a los demás”, destaca Ana Mato.
Labor imprescindible
Asimismo, el Gobierno también ha incluido a las organizaciones del Tercer Sector como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado para, de esta manera, hacer explícito el reconocimiento jurídico de su papel esencial a la hora de dar respuesta a las necesidades de la sociedad.
Como resalta Mato, “la acción social de los poderes públicos es imprescindible, pero lo son mucho más las entidades del Tercer Sector, porque siempre llegan ahí donde las administraciones públicas no pueden hacerlo; por ello, el Gobierno quiere estar a su lado para que puedan estar al lado de quienes más lo necesitan”.
A todo ello se aúna la convocatoria de las subvenciones del IRPF –que en la presente edición contará con 210 millones de euros– y la futura Ley del Tercer Sector, actualmente en fase de elaboración y que “como marco normativo garantizará a medio plazo y de una forma transparente los apoyos presupuestarios”, concluye la ministra de Sanidad.
