El ministro ha adelantado las líneas principales de este posible acuerdo: las personas en situación irregular deberán acreditar una situación de empadronamiento, los servicios sociales tendrán que determinar en qué situación está y a partir de ahí formarán parte de un registro y podrán obtener un documento con el cual puede recibir esa asistencia, “documento que en ningún caso puede ser una tarjeta sanitaria”. Este acceso será por atención primaria, pues, según Alonso, ésto es lo adecuado según el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.
El 1 de septiembre de 2012, el Gobierno procedió a la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, una medida que, según comunicó entonces el Ministerio de Sanidad, afectó a 153.000 personas. Desde entonces, según la normativa en vigor, los inmigrantes irregulares tienen derecho en nuestro país únicamente a ser atendidos en urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años. Pese a ello, numerosas comunidades han anunciado la creación de cauces especiales para seguir prestando asistencia a este colectivo.
