En palabras del Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, «desde la corporación hemos defendido la atención sanitaria universal para todos los ciudadanos y eso mismo es lo que avala la sentencia, aunque sea específicamente en el caso que nos ocupa; hay que recordar que el deber del médico es atender a todos, en todo momento, independientemente de su situación legal y de los trámites administrativos».
Por su parte, según ha indicado el Dr. Albert Jovell, presidente del FEP, «nos alegramos por el hecho de que se reconozca que son diferentes las políticas de Interior de las sanitariasyY es un buena noticia, porque a quién le corresponde decidir las políticas de Interior no es a Sanidad«.
Además, como recuerda el Dr. Jovell, «relaja mucho el conflicto que se había producido, dado que algunos profesionales lo estaban pasando muy mal porque se encontraban en una situación muy complicada; y es que si alguien tiene una necesidad, los profesionales, por código ético, tienen la obligación moral de tratarlo».
Derecho a la salud
El fallo del Tribunal Constitucional también ha sido acogido con satisfacción por distintas organizaciones no gubernamentales (ONG), caso de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y de Intermón Oxfam.
Pues como explica Estrella Galán, secretaria general de la CEAR, «todas las personas tienen derecho a la salud y nadie puede ser excluido, una cuestión que debe prevalecer sobre el supuesto beneficio económico y no es negociable, con o sin crisis«.
‘Solo en el País Vasco’, aclara Sanidad
Es más; en opinión de las ONG, «el fallo implica la obligación de garantizar el derecho a la salud los inmigrantes en situación irregular en todo el territorio nacional«.
Sin embargo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la vez que respeta la sentencia, ha avisado de que la tarjeta sanitaria –o documento similar– que se expenda a los inmigrantes ‘sin papeles’ en el País Vasco no tendrá validez en ninguna otra comunidad autónoma.
