La Plataforma del Tercer Sector (PTS), integrada por cerca de 28.000 entidades sociales, ha firmado un acuerdo para reclamar con «máxima urgencia» a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales financiación estable y duradera, así como corresponsabilidad política para evitar el «derrumbe total» del estado del bienestar.
En palabras de Luciano Poyato, presidente de la PTS, «es necesario que exista un compromiso firme por parte de la comunidad política que garantice unas condiciones de vida que permitan un desarrollo vital digno al conjunto de la sociedad, más aún en un momento de crisis económica y social que no hace más que agravar las situaciones de pobreza y exclusión«. Y es que, como alerta el presidente de la Plataforma, «el estado de bienestar está fuertemente tensionado y se encuentra amenazado, por lo que es tiempo de buscar soluciones urgentes, flexibles e innovadoras para que los cimientos, a pesar de las debilidades, no se desmoronen por completo».
Trabajo conjunto
En el acuerdo, firmado en el marco de la Asamblea General de la PTS, la Plataforma solicita una línea de interlocución directa con la Administración para acelerar la elaboración de un plan de trabajo conjunto y una agenda social compartida, basada en una nueva gobernanza cooperativa, participativa, transparente y colaborativa.
En la Asamblea General, las entidades sociales mostraron públicamente su preocupación y descontento con la merma sufrida en la convocatoria estatal del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el impacto que ésta ha tenido en su capacidad de desarrollo de proyectos. De hecho, las entidades reclamaron la puesta en marcha de la distribución de la recaudación del 0,7% del Impuesto de Sociedades, que lleva paralizada desde el año 2019, así como un «marco de financiación previsible y duradero que garantice la sostenibilidad de las organizaciones del Tercer Sector de ámbito estatal y el desarrollo de sus actividades».
Marco estable
A este respecto, Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales se comprometió a «poner en marcha próximamente la distribución de la recaudación del Impuesto de Sociedades», si bien sin especificar los requisitos concretos; y destacó la prioridad del Gobierno de asegurar la cohesión social, para lo cual «es esencial contar con el Tercer Sector. Reafirmo de nuevo nuestro compromiso de poner en marcha el plan de trabajo estructurado con las ONG y un marco estable de financiación que dé tranquilidad al conjunto del Tercer Sector».
Finalmente, la Asamblea General reclamó una vez más la presencia activa de sus entidades en la gestación de los grandes consensos nacionales de recuperación del país para no dejar a nadie atrás.
