Garantizar la atención a los más vulnerables durante la epidemia

Como destaca Luciano Poyato, presidente de la PTS, “nuestro trabajo es fundamental para garantizar la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza y para atender las necesidades básicas que nuestras entidades prestan a más de seis millones de ciudadanos, pero necesitamos medios para poder seguir haciéndolo con la máxima seguridad posible y proteger tanto a los trabajadores y voluntarios como a las personas que atendemos”.

La solicitud de abastecimiento, dado que existen entidades que carecen de mascarillas o guantes y no cuentan con Equipos de Protección Individual (EPIS) para poder realizar su labor, supone una de las medidas tomadas por el Comité de Crisis constituido por la PTS, institución que agrupa a cerca de 30.000 organizaciones no gubernamentales (ONG), para hacer frente a la emergencia social derivada del COVID-19.

Unas medidas entre la que, asimismo, se recoge la necesidad de que se reconozca a las entidades de Acción Social como prestadoras de servicios básicos para la ciudadanía, lo que supondría, por un lado, dar prioridad en el abastecimiento de EPIS para personas, tanto trabajadoras como voluntarias, que atienden a grupos de riesgo; y por otro, obtener los permisos de movilidad precisos para atender a aquellos que no pueden o no deben salir de sus domicilios.

Como concluye Luciano Poyato, “las consecuencias del COVID-19 afectarán a toda la sociedad, pero incidirán en mayor medida sobre las personas en situación de vulnerabilidad. Y más si tenemos en cuenta que aún muchas no habían logrado superar los efectos provocados por la crisis socioeconómica de los últimos años. Por lo tanto, necesitamos garantías jurídicas ya”.