El 54% de la población mayor de 15 años en nuestro país, esto es, más de 21 millones de personas, padece una enfermedad crónica. Un colectivo a cuya atención se dedica hasta el 80% del presupuesto sanitario, lo que requiere el diseño y puesta en marcha de un plan específico de cronicidad compleja en las políticas públicas. Así lo han destacado los participantes en la primera edición de los ‘Desayunos POP Políticos’, foro organizado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) para analizar el reto de la cronicidad con motivo de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

Carina Escobar, presidenta de la POP, ha recordado que “es urgente transformar el actual modelo hacia otro centrado en las prioridades de las personas con enfermedad crónica compleja, para lo cual es necesario el despliegue de instrumentos y estructuras que permitan el cambio en un contexto de cohesión y coordinación territorial y una atención multidisciplinar, con procesos asistenciales centrados en atender las necesidades de las personas más frágiles”.

Entre otras consecuencias, la pandemia ha dado lugar a retrasos en el diagnóstico, fundamentalmente por la saturación de la atención primaria, lo que ha conllevado tanto la cancelación o aplazamiento de consultas programadas como demoras en los tiempos y flujos de derivación a la atención hospitalaria, con el consecuente retraso de pruebas. Los pacientes crónicos complejos son los más afectados por esta situación, dada la fragmentación de servicios y el hecho de no contar con un profesional de referencia. Para revertir esta realidad, Ana Pastor, exministra de Sanidad y diputada del PP, ha considerado que “tiene que haber seguimiento del paciente crónico y alguien tiene que tutelarle. Una persona con pluripatología no puede tener interlocución con cinco o seis profesionales diferentes”.

En la misma línea hay que garantizar la equidad territorial para que cualquier paciente, con independencia de su lugar de residencia, tenga los mismos recursos y apoyos en condiciones de igualdad de oportunidades y calidad. A este respecto, Ana Prieto, portavoz de la Comisión de Sanidad y Consumo del PSOE, ha explicado que “el compromiso del Gobierno con los pacientes crónicos es firme y trabajamos para garantizar la equidad en el acceso a las prestaciones. Esperamos que pronto se apruebe la ‘Ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS)’ que elimina los copagos sanitarios y garantiza la cohesión territorial”.

Mientras que para Juan Luis Steegman, portavoz de VOX en la Comisión de Sanidad y Consumo, “la equidad pasa por hacer una buena evaluación de lo que está pasando y hacer un análisis de las variables. Se debe coordinar y reforzar el Sistema Nacional de Salud”.

Acelerar el acceso a la innovación

España es a día de hoy un referente internacional en el ámbito de los ensayos clínicos, pero aun así sigue siendo necesaria una mayor inversión en investigación que permita mejora la calidad de vida de los pacientes, y al mismo tiempo acelerar el acceso a la innovación. No en vano, los pacientes de nuestro país tardan un promedio de 517 días en acceder a los nuevos medicamentos.

La razón para esta demora se encuentra en el actual modelo de evaluación. Por ello, ha destacado Ana Pastor, “tenemos que ir a un modelo que tenga trazabilidad, mayor transparencia y que quien solicita el precio de un medicamentos sepa en todo momento donde está su expediente. Medir el valor que aporta y fijar el precio en consecuencia”. Ana Prieto ha apuntado que “entre todos debemos buscar soluciones para que los nuevos medicamentos se incluyan con la mayor celeridad posible teniendo en cuenta la sostenibilidad del sistema”.

De hecho, el último reto analizado en el encuentro ha sido cómo garantizar esa sostenibilidad. Y es que, entre otras consecuencias, los cambios demográficos y el aumento de la esperanza de vida conllevan un incremento progresivo de la población con enfermedades crónicas, hasta el punto de que la cronicidad se ha convertido en un reto clave para el sistema sanitario y social que debe ser abordado con garantías para la ciudadanía.

Finalmente, los expertos han coincidido en destacar el importante papel que tanto para los pacientes como para sus familias juegan las asociaciones de pacientes, razón por la que deben tener una participación efectiva en el sistema y ser consideradas como un agente social y sanitario más.