La Oficina del Defensor del Pueblo acumula ya «algunas peticiones» para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Registradas las peticiones, los servicios jurídicos de la Oficina del Defensor del Pueblo deberán analizarlas para dirimir si existe o no inconstitucionalidad en la norma y obrar en consecuencia, ya que la institución tiene competencia para acudir directamente al Tribunal Constitucional.
Concretamente, la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, dispone de tres meses –que comenzaron el pasado 24 de abril, fecha de la publicación del decreto– para plantear el posible recurso de inconstitucionalidad. En consecuencia, el plazo para que la institución reciba y analice nuevas peticiones de recurso todavía no se ha cerrado.
Respuesta autonómica
En su momento, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ya concluyó que la norma del Gobierno podría ser inconstitucional dado que pretende modificar leyes orgánicas y los estatutos de autonomía de distintas comunidades autónomas, caso de Cataluña, Andalucía o País Vasco, que reconocen el derecho a la sanidad a todos los habitantes del territorio, al margen de su situación administrativa.
De hecho, el Gobierno del País Vasco ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional por entender que los recortes en Sanidad –así como los de Educación– aprobados por el Ejecutivo «invaden el autogobierno vasco» al tocar asuntos recogidos en su Estatuto y «rompen el principio básico de igualdad y universalidad» en el acceso a los servicios públicos esenciales.
Posible recurso
Por su parte, la Generalitat de Cataluña también ha iniciado los trámites para presentar su propio recurso, enviando el decreto al organismo asesor que analiza la compatibilidad de la normativa estatal con el Estatuto de Autonomía (Consell de Garanties Estatutàries) a fin de que analice si existe o no inconstitucionalidad y, en su caso, prepare el argumentario.
Finalmente, Andalucía, que se encuentra inmersa en un proceso de renovación de Gobierno tras las elecciones autonómicas, aún no ha anunciado medidas concretas. Sin embargo, su consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha afirmado que los servicios jurídicos de la Junta «están estudiando con detenimiento» el posible recurso y que este asunto será «uno de los primeros que se pongan sobre la mesa» del recién conformado Consejo de Gobierno.
