El manifiesto asegura que «los fármacos innovadores son la esperanza de muchos pacientes y su acceso actualmente está fuertemente condicionado por la situación económica y las políticas de recortes en la sanidad pública» así como que su eficacia «debe medirse a largo plazo y en función de la calidad y/o esperanza de vida ganada».
«El derecho a la protección de la salud es un derecho constitucional que está unido al derecho a la vida y a la integridad física de toda persona. Es un deber de los poderes públicos garantizar la salud de sus ciudadanos y, en ese sentido, el acceso a los fármacos que proveen esa situación de salud», asegura el comunicado. Además, la Plataforma afirma que «no ofrecer tratamientos innovadores puede poner en riesgo el derecho a la vida y a la integridad física».
Diferencias entre CC AA, provincias u hospitales
Respecto de las distintas circunstancias que se registran en el acceso a tratamientos en las distintas Comunidades Autónomas, la Plataforma manifiesta que «este derecho (a la vida) debe asegurarse con la misma calidad y seguridad, con independencia de dónde resida el paciente; no debe haber diferencias entre CC AA, provincias u hospitales, garantizándose de esa forma la equidad».
Para lograrlo, la Plataforma considera que «deberá disponerse de los medios presupuestarios necesarios, que favorezcan y compensen desigualdades e inequidades territoriales». «Es una obligación de las autoridades sanitarias, estatales y autonómicas, evitar cualquier discriminación o inequidad en el ámbito del Sistema Nacional de Salud», asegura el documento.
Criterio del profesional
El comunicado especifica que «los especialistas son los encargados de prescribir la oportunidad de administrar el fármaco» por lo que se solicita que «esté disponible cuanto antes en los hospitales» para que sea «el criterio del profesional con plena libertad quien indique a qué personas debe administarse».
Por último, las organizaciones representadas en la plataforma exigen al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de las comunidades autónomas «que no sea el criterio económico quien determine la prescripción, sino que pongan a disposición de los profesionales y se habiliten las partidas económicas necesarias para financiar el coste del medicamento».
