Como explica Tomás Castillo, presidente de la Plataforma, “la saturación de los servicios de las urgencias hospitalarias genera reclamaciones no tanto en lo relacionado con la asistencia sanitaria, sino con ámbitos que afectan a la dignidad de las personas y, en ocasiones, ocasiona problemas en lo relativo a la seguridad de los pacientes, un principio básico garantía de calidad de la asistencia sanitaria”.
Menoscabo de la dignidad
El estudio, elaborado conjuntamente por la Oficina del Defensor del Pueblo y sus homónimas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco, tiene por finalidad analizar la realidad de los servicios de urgencias y el impacto de su funcionamiento sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Un informe que, entre otras conclusiones, denuncia cómo “las repetidas situaciones de saturación de las urgencias pueden suponer un menoscabo de la dignidad de los pacientes”, por lo que propone que “se tenga en cuenta a los responsables de los servicios de urgencias en la toma de decisiones sobre disponibilidad de recursos, camas hospitalarias y personal”.
Por ello, los defensores del pueblo reclaman la introducción de “cambios en la organización y gestión de los servicios para resolver los problemas de presión asistencial y de saturación” y solicitan que se garantice la existencia de “suficientes profesionales en los servicios de urgencias en todas las franjas horarias y todos los días de la semana”.
Y de la misma manera, el informe también incide en la necesidad de instituir en nuestro país la especialidad médica de Urgencias y Emergencias, lo que delimitaría el alcance de las competencias clínicas de los profesionales, y recuerda que “la insuficiente dotación de plantillas titulares en muchos centros provoca que los médicos internos residentes asuman un grado excesivo de responsabilidad”.
Personas con discapacidad
Las deficiencias en la atención en los servicios de Urgencias, cuando no el menoscabo de la dignidad de los pacientes, resulta especialmente acuciante en el caso de las personas con discapacidad, mayores o con trastornos mentales, colectivos para los que los defensores del Pueblo reclaman información ‘no estrictamente clínica’ que ayude a mejorar su asistencia.
Como denuncia el informe, “las personas con discapacidad, especialmente los afectados por discapacidades sensoriales, ven frecuentemente limitada su capacidad de interlocución en estos servicios, por la carencia de medios adecuados de comunicación. También, persisten carencias significativas sobre accesibilidad y disponibilidad de material adaptado”.
Y en el caso de las personas mayores, el estudio aboga por optimizar la coordinación entre los servicios de Urgencias hospitalarias y los servicios extrahospitalarios para, de esta manera, evitar su “innecesaria polimedicación”.
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Para consultar el estudio ‘Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes’, clica aquí.
