Concretamente, la nueva directiva comunitaria, que debía haberse implantado en nuestro país antes de agosto de 2012, racionaliza el sistema de control de la seguridad de los medicamentos en el mercado europeo; mejora la seguridad de los pacientes y la salud pública; y permite a los pacientes notificar directamente a las autoridades competentes las reacciones adversas a los medicamentos.
Tribunal de Justicia de la UE
En la misma situación que España se encuentran República Checa, Eslovenia y Polonia, países que tampoco han incluido la nueva normativa europea en sus legislaciones nacionales y a los que, por ende, la Comisión Europea también ha abierto un expediente sancionador.
El primer paso dado por la Comisión ha sido remitir una carta oficial a los gobiernos de los cuatro países, a los que concede un plazo de dos meses para trasladar la directiva europea de farmacovigilancia.
Así, y en el caso de que no se adoptaran las medidas adecuadas o las justificaciones de los gobiernos no resultaran satisfactorias, “la Comisión podría seguir adelante con el expediente e, incluso, denunciar a los cuatro Estados Miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE)”, informa la Unión Europea.
