La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia(SEMG) han denunciado que los médicos de familia tienen prohibida la prescripción de nuevos anticoagulantes orales en siete comunidades autónomas. Una situación que, en su opinión, da lugar a una flagrante inequidad en el acceso de los pacientes a este tipo de medicación en función de su lugar de residencia. Los profesionales sanitarios denuncian , además, trabas para la prescripción de estos fármacos en las otras 10 comunidades autónomas.
Concretamente, las comunidades donde está vetada la prescripción desde la AP son Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Canarias y Aragón. Y en el resto, como lamenta el doctor Josep Basora, presidente de semFYC, “el médico de familia debe rellenar un visado de inspección para poder prescribir, algo que va en contra de su profesionalidad dado que a otras especialidades no se les exige”.
El resultado es “una demora injustificada –incide el doctor Basora– que puede ir desde las 24 horas hasta los 15 o 20 días”. Peor aún es la situación en las siete CC AA referidas, en las que el retraso varía en función de sus listas de espera por derivación al especialista. “Una coyuntura que no tiene sentido, dado que los criterios de prescripción son fruto de un consenso entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas”, recuerda el presidente de semFYC.
Prevención del ictus
La fibrilación auricular se corresponde con la arritmia más frecuente en las consultas de AP, estimándose su prevalencia en un 4,4% de la población adulta de nuestro país –y hasta un 15% en la población anciana–. Una fibrilación auricular que es responsable de uno de cada cuatro accidentes cerebrovasculares –o ictus–, primera causa de muerte en la población femenina española y primera causa de discapacidad.
En este contexto, los nuevos anticoagulantes orales son eficaces y seguros en el control de la fibrilación auricular y, por ende, en la prevención del ictus. Pero su prescripción en la AP está limitada, cuando no directamente vetada, una medida que, denuncia el doctor José Luis Llisterri, “tiene un fundamento cortoplacista y economicista, ya que es un mecanismo de control del gasto; se está poniendo en juego la medicina de calidad y se está comprometiendo la seguridad de los pacientes”.
Por todo ello, los médicos de familiar reclaman la facultad de poder prescribir estos fármacos, una solicitud “tan legítima como necesaria y respaldada por distintas sociedades científicas, no solo de AP”, incide el doctor Llisterri.
Incremento del coste
Como resalta el doctor Benjamín Abarca, presidente de la SEMG, “en torno a un 15-25% de los pacientes con fibrilación auricular deberían ser tratados con los nuevos anticoagulantes orales; sin embargo, en comunidades como la madrileña, el porcentaje de pacientes que los reciben es de tan solo un 3-5%”.
Una situación, en definitiva, que obedece únicamente a criterios económicos pero que, paradójicamente, puede derivar en un incremento ciertamente significativo del gasto sanitario una vez se atiende “al altísimo coste que supone el tratamiento de las complicaciones de estos pacientes cuando no son bien tratadas; y es que el paciente tiene el derecho a recibir el mejor tratamiento y el médico la obligación de ofrecérselo al menor coste”, concluye el doctor Abarca.
– A día de hoy, 26 asociaciones de pacientes dedicadas a las enfermedades cardio y cerebrovasculares son ya miembros activos de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?
