En palabras de la doctora Pilar de Lucas, presidenta de la SEPAR, «se hace necesario limitar las interacciones de la industria tabacalera en las legislaciones y la política, sobre todo si éstas pueden tener consecuencias directas en la salud pública; la preocupación por los beneficios económicos que esta actividad genera no deben ser equiparables a la preocupación por proteger la salud y concienciar a la población de los riesgos a los que se exponen con cada cigarrillo».
No primar la economía sobre la salud
En las pasadas semanas, los presidentes de las comunidades de Extremadura, Andalucía, Canarias, Cantabria y La Rioja firmaron un documento conjunto en el que manifestaban su oposición a la revisión de la directiva europea sobre los productos del tabaco. La razón aludida en el documento era que dicha revisión «puede suponer graves consecuencias para la economía española por los beneficios que genera el sector tabaquero».
En este contexto, y en primer lugar, debe tenerse en cuenta que la firma de la declaración fue llevada a cabo en la sede de la compañía tabacalera Altadis, «un hecho que levanta sospechas de posibles intereses económicos y políticos«, denuncia la SEPAR.
Y de la misma manera, que «la confluencia de intereses económicos y políticos ha de quedar al margen de los riesgos para la salud«, destaca la doctora De Lucas.
Más gastos que ingresos
Además, el argumento económico aducido por los firmantes «no se sostiene –aclara la SEPAR–, pues si bien los ingresos del Estado procedentes de impuestos por la venta de productos del tabaco ascendieron a 9.266 millones euros en 2008, los gastos sanitarios directos ocasionados al Estado por atender a sólo cinco enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco –la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la enfermedad coronaria, el asma, el cáncer de pulmón y la enfermedad cerebrovascular– ascendieron a 6.870,80 millones de euros«.
A ello deben sumarse los gastos ocasionados a las empresas por el consumo del tabaco –entre otros, pérdida de productividad, absentismo laboral y gastos por limpiezas de instalaciones–, que ascendieron a 7.840,97 millones euros. En definitiva, y una vez sumados, el gasto total asciende a 14.711,77 millones euros. O como recuerda la SEPAR, «obtenemos un saldo negativo de 5.445,77 millones euros«.
