La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha solicitado a los poderes públicos el establecimiento de grupos de trabajo en los que participen las asociaciones de pacientes para, ante la posibilidad de un nuevo confinamiento y el déficit asistencial, abordar y planificar la recuperación de la atención sanitaria. Y es que, como alerta la Plataforma, los pacientes crónicos “no aguantarán otro parón de la asistencia”. 

Para Carina Escobar, presidenta de la POP, “los poderes públicos deben contar siempre con la colaboración de las organizaciones de pacientes, pero más en un momento así deben escucharnos. Es necesario llevar a cabo medidas urgentes como la puesta en marcha de un plan de recuperación de la asistencia que debe abordar las necesidades de los pacientes crónicos de todas edades, mayores y dependientes, COVID de larga duración, y todas las personas en lista de espera para recibir un diagnóstico”.

Es más; la Plataforma considera indispensable apoyar a las familias de los pacientes crónicos y a los cuidadores, evitando la normalización del papel del cuidador informal que no recibe ayuda ni apoyo del Estado.

Contar con los pacientes

En el actual momento de crisis por la segunda ola de la pandemia, los pacientes no afectados por la COVID-19 siguen sufriendo retrasos en sus diagnósticos, cirugías y consultas, hecho que tendrá graves consecuencias en la salud de millones de ciudadanos de nuestro país.

Como alerta Escobar, “no se han restablecido los canales de trabajo conjunto que veníamos desarrollando hasta el momento dirigidos a mejorar la atención de las personas con una enfermedad, seguimos sin que se tenga en cuenta nuestra participación y representación de más de 9 millones de pacientes crónicos y sus familias y cuidadores”.

En este contexto, la POP tiende la mano una vez más al Gobierno y al Ministerio de Sanidad para, como apunta su presidenta, “trabajar en todo lo relativo a las personas vulnerables con enfermedades crónicas y síntomas cronificados, así como a sus familias y cuidadores, ya que nueve meses después de iniciarse la crisis sigue sin haber un marco de trabajo definido para su protección”.

Asimismo, “es necesario reactivar las pruebas de cribados, diagnósticos, tratamientos para poder dar la atención necesaria a los pacientes no COVID. Se debe habilitar la asistencia tanto por la mañana como por la tarde, implementando circuitos limpios y dando prioridad en el acceso a las consultas y pruebas a las personas con una enfermedad. Además debe facilitarse a los pacientes más información específica para que puedan ir a sus citas y, si se encuentran mal, vayan al médico y no se agrave su situación”.

De hecho, y tras una primera ola de la pandemia en la que los pacientes crónicos carecieron de asistencia sanitaria y terapias y afrontaron problemas de acceso a la medicación, la POP no ha percibido cambios estructurales suficientes para proteger a las personas vulnerables durante una segunda o tercera ola.

Retirar el Real Derecho 29/2020

A juicio de la POP, el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, no protege a los pacientes. Por el contrario, permite la contratación de médicos especialistas, extracomunitarios sin titulación homologada en España sin una plaza MIR asignada.

Para la presidenta de la POP, “poner a los pacientes crónicos complejos en manos de médicos sin titulación homologada en España atenta contra la seguridad del paciente y la calidad del sistema, por lo que pedimos la retirada de este Real Decreto”.

Finalmente, concluye, “se necesita más que nunca equidad territorial y hospitalaria, que cada paciente sea del lugar que sea tenga garantizados por parte del sistema de salud, los recursos y apoyos necesarios. Reclamamos flexibilidad, proactividad, coordinación y multidisciplinaridad”.