En palabras de María Teresa Guardiola, presidenta del MICOF, “desde el Colegio estamos haciendo todo lo posible para que se retire o modifique este decreto y las instrucciones que se han dictado, porque es inconstitucional y porque afectará negativamente de manera muy directa a miles de pacientes en la Comunidad Valenciana, en clara discriminación con el resto de enfermos de otras comunidades”.
Y es que, como denuncia Guardiola, “no se trata de ninguna medida de ahorro, porque para su puesta en marcha se necesitan unos protocolos, aparataje, personal y logística que va a encarecer más el proceso que su habitual dispensación en las farmacias. Además rompe con la seguridad de la cadena del medicamento y confidencialidad ante los pacientes. ¿Quién será el responsable del medicamento cuando llegue al paciente?”.
Por todo ello, el MICOF y las asociaciones de pacientes han reclamado la dimisión de José Luis Trillo, director general de Farmacia de la Conselleria de Sanitat.
Rechazo de los pacientes
Las asociaciones de pacientes consideran que el decreto aprobado por la Generalitat, de “dudosa constitucionalidad”, les va a afectar “gravemente, dado que obliga a que los pacientes se desplacen hasta los centros de salud, muchas veces en otro municipio, cuando hasta ahora los tenían a su disposición en la farmacia comunitaria más cercana a su casa”.
Así, como explica Elisa Tórtola, vocal de la Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental (ASIEM), miembro de Somos Pacientes, “parece inaudito que la Consejería se reafirme en que este sistema va a mejorar la adherencia a los tratamientos, cuando es todo lo contrario. Quien ha elaborado esta norma no conoce al enfermo mental, porque cada cambio puede ser un mundo para estas personas. Además, nadie nos ha preguntado si este modelo sería bueno para nuestros hijos o familiares. No se ha contado con la opinión de los enfermos afectados”.
En la misma línea, Carmen Fondo, presidenta de la Asociación Valenciana de Afectados por Artritis Reumatoide (AVAAR), miembro de Somos Pacientes, ha denunciado “que la información de la que disponemos es la que he recogido yo por mi propio interés, porque no nos han comunicado nada de ningún organismo oficial y somos los afectados, los que vamos a sufrirlo. Y es que la instrucción tiene muchos inconvenientes para los pacientes, que nos vamos a tener que desplazar al centro de salud, en un momento dado, a una hora determinada. Hasta ahora, era el propio paciente el que se la administraba, en el momento y en la hora que creía más conveniente, estableciendo una rutina, pero ahora todo eso se complica. Nuestra calidad de vida va a cambiar, por supuesto”.
Es más; “lo más grave es el tema de los niños y su intimidad, a la que tenemos derecho. ¿Van a ir un día todos a la misma hora y al mismo sitio? ¿Y qué pasa si no quieren que otros se enteren de que tienen esa enfermedad?”, lamenta Carmen Fondo.
Queja ante la Conselleria
Ante esta situación, la Asociación de Miastenia de España (AMES), miembro de Somos Pacientes, ha solicitado que se transmita una queja ante la Conselleria de Sanitat dados los problemas de acceso de los pacientes a sus medicamentos en las farmacias hospitalarias, “donde nos los están negando alegando que los inmunodepresores no están indicados en la miastenia, sin tener en cuenta el criterio y los informes de los propios neurólogos de los hospitales”, denuncia David Navarro, coordinador general de AMES.
Y es que “esto no está ocurriendo en el resto de las comunidades autónomas, solo en esta. Y si se les niegan los fármacos a estos enfermos, tendrán que costeárselos por ellos mismos, lo que es totalmente inviable e irá en detrimento de la salud de los enfermos”, concluye David Navarro.
