Como Federación Nacional ALCER, “las personas trasplantadas de riñón se ven perjudicadas de manera drástica con el actual baremo del grado de discapacidad, ya que de forma errónea se considera a estos pacientes como personas curadas, cuando por todos los profesionales de la nefrología es considerado como un tratamiento sustitutivo. En el caso del trasplantado renal, sea cual fuere la técnica de tratamiento renal sustitutivo en la que haya estado previamente –diálisis peritoneal, hemodiálisis, etc.–, sufre una serie de patologías asociadas que hay que tener en cuenta, ya que siguen estando latentes y la gran mayoría de las mismas son de carácter irreversible, siendo propiciadas por el tratamiento inmunosupresor”.
Así, y si bien “el actual baremo –continúa la Federación– date del año 1999 y este problema persiste desde entonces, es ahora cuando las diferentes interpretaciones del mismo por parte de los equipos de valoración de las respectivas Comunidades Autónomas están creando más reducciones y, por tanto, más afectados por ello”.
Actividad laboral condicionada
Ante la gravedad de la situación, representantes de la junta directiva de la Federación se reunieron el pasado jueves en Madrid con Rafael Beitia Alcalde, subdirector general de Planificación, Ordenación y Evaluación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
Como recuerda Jesús Molinuevo, presidente de la Federación, “la persona trasplantada no es un paciente exento de morbilidad, ya que continúa necesitando control médico especializado y frecuente. El paciente está sometido continuamente a una medicación inmunosupresora no exenta de efectos secundarios, y a una serie de complicaciones médicas –patologías derivadas de la enfermedad renal o del tratamiento de diálisis–, que son habituales en él
En este contexto, debe tenerse en cuenta que la mayor parte de los pacientes sometidos a un trasplante renal desempeñan una actividad laboral condicionada a su enfermedad y discapacidad.
Como concluye la Federación, “cuando se realiza el trasplante, el enfermo continúa manteniendo su formación inicial y su experiencia profesional, por lo que privarles, o no concederles, la condición de persona con discapacidad equivale a ‘despojarles’ de la posibilidad de mantener o lograr un puesto de trabajo. Se les obliga a permanecer en un mercado laboral, en el que no están preparados para reiniciar su vida, bien por ser personas de una cierta edad y con cargas familiares, o por su formación y experiencia profesional, condicionada a su vez por la incapacidad que en su día les produjo su enfermedad para obtener una formación y cualificación adecuada”.
– A día de hoy, 28 asociaciones de pacientes dedicadas a la insuficiencia renal son ya miembros activos de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?
