Como explica Plena Inclusión, “en la campaña electoral de las Elecciones Generales 2015, desde nuestra Organización, que representa en España a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y más de 235.000 familias, trasladamos a los partidos políticos una serie de propuestas sociales y políticas, con el fin de que puedan recogerlas en sus respectivos programas electorales”.
Prioridades políticas y sociales
Concretamente, las propuestas de Plena Inclusión para las elecciones del 20-D se concentran en 13 ámbitos:
1-. Colectivos especialmente vulnerables: las políticas sociales dirigidas a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo deben tener en cuenta de forma especial a mujeres, niños, personas mayores, personas que vivan en zonas rurales, inmigrantes, etc.
2.- Accesibilidad cognitiva: las persona con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen derecho a la accesibilidad cognitiva de en todos los ámbitos de la vida. La falta de acceso a la información impide el disfrute de los derechos y de una vida verdaderamente incluida en la comunidad.
3.- Atención temprana: cualquier niño con discapacidad que lo precise debe disponer de servicios de atención temprana –entre los 0 y los 6 años– en un plazo de tiempo prudencial y asegurar que no se vea vulnerado su derecho al más alto nivel de salud, por razón de escasez de recursos.
4.- Educación: debe garantizarse que los orientadores escolares apoyen a aquellas familias que eligen para sus hijos la inclusión educativa, así como que las propias familias dispongan de suficientes plazas para escolarizar a sus hijos en centros educativos con recursos y apoyos que aseguren una escolarización exitosa y de calidad.
5.- Salud: deben establecerse recursos adecuados y suficientes para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo –y especialmente cuando además presentan algún problema de salud mental–, con enfoques centrados en la familia, los tutores y servicios basados en la comunidad.
6.- Trabajo y empleo: deben establecerse medidas de discriminación positiva que fomenten la obtención y mantenimiento de empleo a las personas con discapacidad con mayores dificultades de empleabilidad.
7.- Vida independiente e incluida en la comunidad: debe realizarse un estudio sobre la situación de las personas institucionalizadas en España, que analice las características de los residentes y de las instituciones y como paso previo a la elaboración de un Plan de Transición hacia Servicios Basados en la Comunidad.
8.- Nivel de vida adecuado: se requiere la modificación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para asegurar unos límites de participación del beneficiario adecuados a la capacidad económica del mismo y la no discriminación por razón de territorio.
9.- Participación en la vida política y pública: se debe asegurar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo mediante la reforma de la Ley de Régimen Electoral, impulsando actuaciones para favorecer la recuperación del derecho al voto, y facilitando los procedimientos, instalaciones y materiales electorales para que sean más accesibles a los colectivos con dificultades de comprensión. Junto a todo ello, también se debe apoyar la creación de asociaciones formadas por las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
10.- Apoyo a las familias: se deben mantener y desarrollar programas de respiro familiar, así como impulsar el desarrollo de habilidades y competencias adecuadas en los padres y madres para el ejercicio de sus responsabilidades de cuidado, apoyo, atención y educación de sus hijos con discapacidad intelectual o del desarrollo.
11.- Igualdad ante la ley: se debe adaptar la normativa sobre ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, en colaboración con sus organizaciones representativas. Dicha reforma debe abordar el cambio de modelos basados en la sustitución y representación de las personas hacia modelos de apoyo a la toma de decisiones que se basen en la voluntad y preferencias de cada persona.
12.- Acceso a la Justicia: se debe garantizar del derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a través de la capacitación de los que trabajan (y trabajarán) en la administración de justicia: jueces, fiscales, abogados, personal policial y penitenciario, etc.
13.- Apoyo a las entidades y organizaciones para que puedan llevar a cabo la función social que tienen atribuida de representación y defensa de los intereses generales de las personas con discapacidad.
– A día de hoy, 84 asociaciones de pacientes dedicadas a la discapacidad y a la dependencia ya son miembros activos de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?
