Como explica Federación Nacional ALCER, “desde nuestra Federación vemos prioritaria esta protección dado que la persona que decide realizar una donación en vida tiene que perder días de trabajo. El motivo es que debe acudir para realizar las pruebas de compatibilidad con el receptor antes de la operación, así como que el postoperatorio puede ser largo y no está exento de sufrir complicaciones”.
Protección social y laboral
La nueva PNL responde a la petición realizada por la propia Federación Nacional ALCER a la Comisión de Sanidad en la reunión mantenida por ambas entidades el pasado 9 de marzo, Día Mundial del Riñón.
Es más; el doctor Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), ya solicitó recientemente una modificación legal que otorgue a las personas que deciden donar un órgano en vida una protección social y laboral similar a las que tienen las mujeres durante el embarazo y postparto, para evitar así que este motivo les suponga problemas en sus puestos de trabajo.
En palabras del doctor Matesanz, “confiamos en que el Gobierno lleve a cabo esta modificación legal. Y es que la desprotección que ahora tienen estos donantes ha podido ser la causa de que hayan bajado este tipo de donaciones”.
De hecho, “el donante renal vivo alcanzó su cifra récord en 2014 con 423 donaciones –recuerda el doctor Matesanz–, pero en los dos años siguientes ha caído. Así, esta protección social puede ayudar a incrementar esos datos”.
