Como denuncia el CERMI CV, “la reciente sentencia del TC pone en riesgo la salud de miles de personas que viven en la Comunidad Valenciana, donde se aprobó un Real Decreto Ley orientado a proteger la universalidad del sistema sanitario y que ha sido recurrido por el Gobierno central. Esta sentencia anula la normativa valenciana que garantizaba la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos autonómicos, a las personas excluidas por el Real Decreto-Ley 16/2012, principalmente personas inmigrantes en situación irregular”.
Así, continúa el Comité, “la sentencia desoye las obligaciones en materia de derechos humanos, ignora el derecho internacional e impone una camisa de fuerza que impide que la Comunidad Valenciana adopte normativa que amplíe el ámbito de protección de los derechos sociales en ejercicio legítimo de sus competencias autonómicas”.
Atención no universal
Entre otros aspectos, el CERMI CV quiere recalcar la falta de unanimidad en la sentencia –cinco votos ‘disidentes’ de un total de 12 jueces– y que “la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario firmaron el pasado 12 de septiembre un Pacto en el que se comprometían a proponer las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a la sanidad pública sin restricciones a todas las personas que viven en España”.
En la Comunidad Valenciana conviven 23.500 personas que pueden tener cobertura sanitaria gracias al Decreto Ley 3/2015 de la Generalitat Valenciana. Se trata, en su gran mayoría, de inmigrantes en situación irregular, incluidas mujeres embarazadas, menores de edad y casos de denegación de atención o facturación indebida de urgencias.
Así, concluye el Comité, “la sentencia del TC, declarando inconstitucional y nulo el DL 3/2015 de la Generalitat Valenciana, sella la tendencia regresiva de la jurisprudencia del TC sobre el derecho a la salud en España, profundiza la exclusión sanitaria contra los grupos más vulnerables de la sociedad y pone en riesgo la vida de estas personas”.
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