El Consejo de Ministros ha aprobado el Decreto Ley de Reforma del Sistema Nacional de Salud. Según el Gobierno, el objetivo principal de esta norma es «garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública», un propósito para el que intentará recortar el gasto sanitario en 7.000 millones de euros.
El Decreto recoge modificaciones normativas en seis grandes áreas, si bien el grueso del ajuste se producirá en el gasto farmacéutico, que el Gobierno espera reducir en 3.550 millones de euros. Así, crea un nuevo sistema de aportaciones del usuario en farmacia que tiene en cuenta la renta, la condición de activo o pasivo y la condición de enfermo crónico. Este nuevo sistema –cuya puesta en marcha, según coinciden los expertos, será compleja– podría empezar a funcionar en un plazo de dos meses, según las previsiones del Ejecutivo.
Ana Mato, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, ha reconocido que es una «reforma difícil para algunos ciudadanos y exige sacrificios, pero el Gobierno quiere que esos sacrificios sean equitativos y perjudiquen lo menos posible a los ciudadanos que más lo necesitan». También ha explicado también que el déficit sanitario se sitúa en 16.000 millones de euros y que la reforma ahora aprobada es fruto de tres meses de conversaciones con todas las comunidades autónomas.
Los pensionistas también pagan
Por primera vez, y con carácter general, los pensionistas –que, según el Gobierno, consumen el 80% de los fármacos dispensados a través de recetas– pagarán el 10% del precio de los medicamentos. Eso sí, los titulares de pensiones no contributivas estarán exentos de este pago al igual que los parados de larga duración.
En cuanto a los demás titulares de pensiones, los que no tengan obligación de hacer la declaración de la renta (el 90% del total) aportarán un máximo de 8 euros al mes. Para los que tengan obligación de declarar, el máximo estará en 18 euros mensuales. Los pensionistas con rentas superiores a los 100.000 euros anuales pagarán el 60% de los fármacos, pero tendrán un tope de 60 euros al mes.
En función de la renta
De los activos, los que no tengan obligación de hacer la declaración de la renta seguirán pagando, como hasta ahora, el 40% del precio de los medicamentos. Los que tengan obligación de hacerla pagarán el 50% y las rentas superiores a 100.000 euros pagarán el 60%.
Por otra parte, el Decreto incluye un nuevo sistema de actualización del Nomenclator de medicamentos, que, según afirma el Gobierno, «sacará de la prestación pública los fármacos obsoletos o sin eficacia terapéutica a la vez que se incorporan otros innovadores». Asimismo, se revisarán los precios de referencia y se establecerán «precios seleccionados» para abaratar aún más el coste de los fármacos.
Cartera de servicios comunes
Además, la norma aprobada «sienta las bases para establecer, con criterios de igualdad, calidad, eficacia y eficiencia, una cartera de servicios común«. Esta estará dividida en categorías. La cartera básica de asistencia sanitaria incluirá los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente. En principio, solo estos seguirán siendo gratuitos.
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Activos |
Pensionistas |
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| Perceptores de pensiones no contributivas, parados de larga duración. |
0% |
0% |
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| Rentas inferiores a la obligatoriedad de declaración renta |
40% |
10% |
Límite máximo de 8 €/mes |
| Rentas superiores a obligatoriedad de declaración renta |
50% |
10% |
Límite máximo de 18 €/mes |
| Rentas superiores a 100.000€ |
60% |
60% |
Límite máximo de 60 €/mes |
La nueva norma incluye mecanismos para que el sector sanitario y el de los servicios sociales «funcionen de manera coordinada, y así se aprovechen los recursos de forma ordenada». De este modo, por ejemplo, «se garantizará que se recibe la atención adecuada en una residencia de mayores cuando no es necesario el uso de una cama hospitalaria». Con esta medida, el Ejecutivo espera ahorrar 600 millones de euros.
