El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, reclama, en el marco de la celebración hoy lunes, 3 de mayo, de la tercera edición del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, el derecho a una vivienda accesible, asequible e inclusiva como elemento esencial para una vida independiente y participativa.
Como explica el CERMI en su Manifiesto por este Día Nacional, “la diversidad humana que entraña la discapacidad ha de ser tenida muy en cuenta en la ordenación y aseguramiento del derecho a la vivienda. La vivienda es en sí mismo un bien, personal y social, pero también es un presupuesto ineludible para conquistar la inclusión, que en el caso de las personas con discapacidad comporta participar plenamente en la corriente general de la vida social, pudiendo por tanto elegir dónde, cómo y con quién vivir, sin imposiciones y sin verse obligadas a habitar en entornos específicos y separados, al margen de la vida en comunidad”.
Así, y en aras de garantizar este derecho del colectivo, el Comité considera imprescindible, por un lado, la aprobación de una Ley General de Garantía del Derecho Social a la Vivienda y, por otro, el aumento del parque público de vivienda, dedicando al menos el 2% del producto interior bruto (PIB) a asegurar esta finalidad.
Accesibilidad universal
Entre otros aspectos, el Manifiesto incide en la necesidad de que la accesibilidad universal sea la norma que guíe los principios, mandatos y actuaciones de las políticas públicas y normativas vinculadas a la vivienda para, así, no discriminar y excluir a las personas con discapacidad.
Una accesibilidad universal que debe girar en torno a tres ejes –accesibilidad arquitectónica, comunicacional y cognitiva; diseño para todos; y adecuaciones y ajustes razonables de entornos preexistentes– y para cuya consecución, entre otras medidas, se requiere una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, y el establecimiento por las administraciones de una oferta viva, actualizada, transparente y suficiente de viviendas accesibles.
Para el CERMI, las personas con discapacidad y las familias que tienen un miembro con discapacidad “deben ser pues grupo preferente en las políticas públicas de vivienda, que han de compensar los déficits de partida que estas sufren y proporcionar con el rango de derecho soluciones habitacionales dignas, adecuadas y libremente elegidas”.
En este contexto, el movimiento asociativo de la discapacidad y el Tercer Sector de Acción Social han de ser considerados como agentes/operadores cívicos de referencia en la cocreación y cogobernanza de las políticas públicas oficiales de vivienda en todos sus niveles.
Nuevo baremo
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), miembro de Somos Pacientes, reclama en este Día Nacional la puesta en marcha del nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad, puerta de acceso al sistema de derechos establecidos en nuestro país que lleva más de 20 años sin renovarse.
A este respecto, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ha anunciado que el nuevo baremo se aprobará de forma definitiva en el año 2022. Sin embargo, como alerta el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, “no podemos esperar más. El actual baremo se ha quedado obsoleto y los criterios que utiliza para valorar la discapacidad se han quedado desfasados, ya que hay situaciones y condiciones que no están siendo reconocidas y que afectan sobre todo a la discapacidad orgánica. Es el caso, por ejemplo, de situaciones como la fatiga o el dolor, los efectos de la carga del tratamiento, enfermedades reumatológicas y enfermedades que cursan con brote, impidiendo que estas personas obtengan la valoración del grado de discapacidad que les debería corresponder y dificultando todavía más su inclusión y participación activa en la sociedad”.
De hecho, el actual baremo no se adapta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, puesto que su enfoque gira en torno al modelo médico-rehabilitador de la discapacidad, es decir, se centra en el individuo y sus limitaciones, sin considerar los efectos e interrelaciones entre el entorno social y la realidad biológica.
El nuevo baremo supondrá su adaptación a la Convención, es decir, a un modelo de derechos humanos, al modelo social, contemplando la interacción de cada persona con su entorno y la prestación de apoyos personalizados. Además, su implantación reduciría las desigualdades a nivel territorial. A pesar de que a juicio de COCEMFE el nuevo baremo tampoco es el ‘ideal’, considera que es necesario que se ponga en marcha para avanzar, puesto que es fruto de un trabajo consensuado en 2017 por todas las partes y ya se han realizado pilotajes con resultados satisfactorios en diferentes territorios. “Las personas más vulnerables necesitamos respuestas más rápidas y ágiles de nuestras administraciones”, concluye Queiruga.
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