De acuerdo con los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el 47,13% –o lo que es lo mismo, 41.432– del total de pensiones no contributivas corresponden a personas con discapacidad psíquica. Unas pensiones que en la mayoría de los casos no alcanza los 500 euros mensuales y para las que el Gobierno decretó una subida del 15% entre los meses de julio y diciembre del pasado año para tratar de compensar el aumento del coste de la vida. Y ahora, esta subida extraordinaria ha sido prorrogada, pero existe el riesgo de que sus beneficiarios no sean los propios pensionistas, sino las comunidades autónomas.

El actual Sistema de Dependencia establece que las personas con discapacidad que asisten a residencias y Unidades de Día deben aportar a sus comunidades entre un 25% y un 75% de sus pensiones en forma de copago de servicios públicos. En consecuencia, y en caso de subida de la pensión, el usuario deberá pagar más y la región, menos.

Como explica Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión, “la compensación que reciben las familias y personas con discapacidad intelectual a través de la subida de sus pensiones no contributivas no se la deben quedar las comunidades, sino que debería beneficiar a las entidades que les apoyan, a los usuarios o a sus familias”.

Sobresfuerzo económico

Por ello, y dada la actual situación de crisis económica, Plena Inclusión reclama a las comunidades que el incremento aprobado para las pensiones –del 15% en las no contributivas y del 8,5% en las contributivas y de orfandad– no repercuta en el copago de los servicios públicos que disfrutan las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, pues de ser así no se lograría el objetivo de la subida de estas pensiones: aliviar a las familias.

De hecho, los últimos informes de la Confederación ya alertan de que las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo deben afrontar un gasto anual adicional de entre 35.000 y 45.000 euros. Un sobresfuerzo económico que se incrementa aún más en el caso de las familias que sostienen a personas con grandes necesidades de apoyo.

En este contexto, el movimiento asociativo de la discapacidad lleva años denunciando el denominado ‘copago confiscatorio’ que merma el poder adquisitivo de las familias de personas con discapacidad que lo soportan. De hecho, Plena Inclusión y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) presentaron en 2017 en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas contra este copago. Por todo ello, concluye Laucirica, “exigimos que desaparezca la obligación de copago para personas en situación de vulnerabilidad, ya que las opciones de supervivencia diaria se complican enormemente”.

– A día de hoy, 98 asociaciones dedicadas a la discapacidad y a la dependencia ya son miembros de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?