Decisión ‘ejemplar y esperanzadora’ para el colectivo de personas con discapacidad
Anulado el decreto del copago de servicios sociales en la Comunidad Valenciana
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado de manera íntegra, y sin posibilidad de recurso alguno, el decreto 113/013 del Consell de la Generalitat Valenciana, en que se establecían los precios públicos en el ámbito de los servicios sociales, al considerar, entre otros aspectos, que los servicios regulados son “servicios servicios asistenciales, básicos e imprescindibles dirigidos a mayores y personas con discapacidad que no parece que sean grupos especialmente favorecidos”, por lo que su recepción no es voluntaria sino que afecta a aspectos esenciales de su vida diaria y a su dignidad personal.
De esta manera, el TSJCV acepta el recurso presentado por el Comité de Entidades Representantes de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV), y en opinión de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (COCEMFE CV), responde con una decisión ejemplar y esperanzadora para el colectivo de personas con discapacidad.
Copago abusivo
En palabras de Carlos Laguna, presidente de COCEMFE CV, “la sentencia demuestra que este decreto no se ha realizado conforme a derecho y que, además, como señala el texto, el copago que se había establecido se trata de una imposición coercitiva para un colectivo considerado especialmente vulnerable y en riesgo de exclusión social que, a su vez, está soportando un mayor peso de las consecuencias de la grave crisis que azota al país desde el año 2008”.
Todo ello teniendo en cuenta que, como recuerda Carlos Laguna, “se trata de un colectivo que no dispone de una plena igualdad de oportunidades y que, además, tiene unas necesidades de cobertura social que, en la mayoría de ocasiones, están relacionadas con la posibilidad de tener una vida digna y cubrir aspectos básicos de la vida diaria”.
En definitiva, como concluye COCEMFE CV, “se trata de una sentencia que conecta con la realidad social del colectivo de personas con discapacidad, da voz jurídica a las reivindicaciones de nuestro colectivo y ofrece una oportunidad a todas aquellas personas afectadas por un copago que estimamos abusivo”.
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