La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad Física (COGAMI) atendió durante el primer semestre de 2023 un total de 141 consultas a través de su Servicio de Asesoramiento Jurídico, dirigido tanto a personas con discapacidad y familias como a las entidades que las representan con el fin de apoyar e informar sobre los recursos sociales existentes y realizar intervenciones para favorecer su inserción social y laboral.

Las principales acciones realizadas a través de este servicio gratuito han sido, informa COGAMI, la resolución de consultas, gestiones de recursos, apoyos asociativos y denuncias que requieren de conocimiento especializado en materias relacionadas con la discapacidad, los derechos y el asociacionismo.

Las consultas más comúnmente atendidas han sido las relacionadas con el empleo y la inserción laboral, un total de 61, caso de las referidas con los incentivos a la contratación, la adaptación de puestos de trabajo, el proceso y resolución de incapacidades laborales y otras situaciones diversas con las que se encuentran las personas con discapacidad con respecto a su derecho al trabajo.

Accesibilidad

El segundo ámbito que ha acaparado un mayor número de consultas es el relacionado con la accesibilidad, llegando a contabilizarse un total de 36 apoyos especializados por denuncias de falta de accesibilidad en los transportes públicos; dificultades en el uso de plazas de estacionamiento reservado para personas con movilidad reducida; falta de accesibilidad en edificios de uso público en los que se desarrollan actividades culturales y deportivas, así como en espacios públicos vinculados a parques y jardines; y falta de accesibilidad en colegios electorales.

Asimismo, en materia de accesibilidad también destacan las consultas relativas al ámbito educativo y laboral; de asesoramiento sobre la legislación aplicable, y sobre las convocatorias de ayudas para su mejora en las viviendas.

Por su parte, la cifra de consultas referidas al certificado del grado de discapacidad y las incapacidades laborales ascendió a 29, la mayoría derivadas de la reciente entrada en vigor del nuevo baremo de valoración y acreditación del grado de discapacidad o la equiparación operada tras la reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Finalmente, las 15 consultas restantes se engloban en temáticas diversas, caso de las prestaciones económicas y los beneficios fiscales vinculados a la discapacidad; o los cambios en la normativa sobre la capacidad jurídica que entró en vigor hace año y medio.

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