El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, ha emitido un comunicado para celebrar la reforma por la que se amplía del 7% al 10% la reserva de empleo público en la Administración del Estado para las personas con discapacidad.

La nueva normativa responde a la petición mantenida desde hace años por el CERMI, que destaca que “este aumento de tres puntos en la cuota de reserva del empleo público permitirá que más personas con discapacidad puedan acceder a la función pública, ampliándose así el horizonte laboral de este grupo de población”.

El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, aprobado por el Consejo de Ministros y ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que «en la oferta de empleo público se reservará un porcentaje no inferior al 10% de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad siempre que superen las pruebas selectivas, y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de forma que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales de la Administración del Estado incluida en el ámbito de aplicación de este libro».

Unidades de inclusión

Una normativa que, asimismo, dispone que «la reserva del mínimo del 10% se realizará de manera que, al menos el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad«.

El Real Decreto también contiene otra medida largamente reclamada por el movimiento asociativo, como es que «en cada uno de los departamentos ministeriales se constituirá una unidad de inclusión del personal con discapacidad».

Unas nuevas unidades que, como recoge la normativa, prestarán «el apoyo administrativo especializado que precise en materia de inclusión del personal con discapacidad, así como asegurar las medidas de adaptación de puesto de trabajo y velar por la plena incorporación y desarrollo profesional de dicho personal en su ámbito laboral, el seguimiento y evaluación de las medidas en favor de las personas con discapacidad en las ofertas de empleo público, así como la elaboración de estadísticas relativas a la efectiva ocupación de plazas en su correspondiente ámbito».

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