El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, ha solicitado a los Grupos Parlamentarios el impulso de una normativa para que los ingresos del Estado derivados de cuentas bancarias inactivas durante largos periodos –las denominadas cuentas bancarias «durmientes»– se destinen a financiar los programas que, desarrollados por entidades no lucrativas, promuevan la inclusión social de sectores especialmente vulnerables.

La propuesta del CERMI ya ha sido adoptada en Reino Unido, país en el que se ha modificado la legislación para que los recursos derivados de las cuentas bancarias «durmientes» se destinen y apliquen a fines sociales a través de la creación de un fondo de inversión social – el Big Society Capital – en Reino Unido.

Normativa obsoleta

Como denuncia el CERMI, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, «ha quedado obsoleta«, por lo que reclama su modificación.

La referida Ley dispone que «corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años«.

Incrementar los recursos en tiempo de crisis

En este sentido, la primera medida que reclama el CERMI es «rebajar de 20 a 10 años el plazo en que las cuentas han de estar inactivas –en Reino Unido es de 3 años– para considerarlas durmientes y revertir al Estado».

Asimismo, el Comité Español también solicita que «esas cantidades no se ingresen en el Tesoro Público, donde se difuminan y pierden impacto, sino que tengan carácter finalista para financiar proyectos sociales de inclusión de grupos vulnerables desarrollados por entidades del tercer sector«.

El objetivo, en definitiva, «es el de incrementar los recursos públicos para fines sociales, en momentos críticos como los actuales, aflorando nuevas vías de ingresos», concluye el CERMI.

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