La Federación Española de Síndrome de Down (Down España) ha remitido una carta a los grupos políticos para, con motivo de las elecciones generales del próximo 28 de abril, reclamar su compromiso  para que la próxima reforma de la Ley de la Educación se haga cumpliendo y aplicando la legislación vigente, con el objetivo de que la educación en nuestro país tenga un carácter incluyente.

Como explica Mateo San Segundo, presidente de Down España, en la misiva, “en nuestra Federación consideramos la educación inclusiva de las personas con discapacidad como un derecho fundamental, y nuestra nación no lo está garantizando actualmente. Por ello, exigimos a los representantes de los diferentes partidos políticos que asuman su responsabilidad y liderazgo social y que promuevan una reforma educativa de carácter inclusivo, que permita hacer posible el ideal de una eficaz escuela para todos y que impida la histórica desatención educativa a las personas con discapacidad intelectual”.

Educación inclusiva

En la carta, Down España recuerda a los diferentes partidos políticos la obligatoriedad del cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por España en 2008, para que sea tenida en cuenta en sus programas electorales.

En este contexto, y “sabiendo que la política educativa –recoge la misiva– es y ha sido objeto de profundo debate y conflicto entre partidos y opciones políticas, pedimos a los líderes políticos que si optan por no compartir esta petición de aplicar las leyes y orientaciones legales de referencia en el ámbito de la Educación, en coherencia con ello, hagan público y trasladen a las instituciones implicadas su intención de promover una denuncia del tratado de Derechos Humanos relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la voluntad de no aplicar una orientación inclusiva al ámbito del Derecho a la educación”.

Como concluye Mateo San Segundo, “desde nuestra Federación creemos necesario y prioritario que la educación inclusiva se implante definitivamente en nuestro país, tal y como dictan los Derechos Humanos y la citada Convención de la ONU. Además, se ha de tener en cuenta que varias sentencias de diferentes tribunales de justicia han reconocido el derecho a la educación inclusiva en los últimos años. Especialmente destacable es la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de diciembre de 2017, trascendente por la definición definitiva de la educación inclusiva como un derecho fundamental. Gracias a ella, también se establece cuáles son los mandatos y las obligaciones que incumben a las Administraciones educativas en orden a garantizar la efectividad de este derecho fundamental”.

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