El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, ha denunciado la persistente inactividad del Ministerio de Justicia a la hora de adoptar iniciativas en relación con la protección jurídica de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

Como explica el CERMI, «a pesar de los llamamientos del movimiento asociativo a actuar y de los mandatos legales para que se promuevan distintas iniciativas normativas obligadas incluso por compromisos internacionales contraídos por España, el departamento que preside Alberto Ruiz-Gallardón no tiene la discapacidad en su agenda inmediata, por lo que no se producen avances de ningún tipo».

Adaptación de la capacidad jurídica

A modo de ejemplo, el CERMI alude a la necesaria adaptación normativa relativa al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, ordenada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Concretamente, la Ley establecía el mandato al Gobierno para que, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, remitiera a las Cortes Generales un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida.

Así, el proyecto de ley debe establecer las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que los precisen.

Sin embargo, recuerda el CERMI, «a pesar de que este plazo de un año está próximo a agotarse, no se conoce ninguna actividad del Ministerio de Justicia en este sentido, ni hay entablado diálogo con el movimiento asociativo de la discapacidad para avanzar en esta iniciativa legislativa, de capital importancia para las personas con discapacidad«.

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