El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, ha exigido a todas las Administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas, que actúen con contundencia contra los entramados de juego ilegal que, utilizando como coartada social la imagen de personas con discapacidad, suponen en realidad un fraude a los consumidores y “dañan de modo irreparable” las actividades de juego genuinamente social, caso del que lleva a cabo la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Como explica el CERMI, “no podemos sino denunciar la tolerancia culpable de los poderes públicos, tanto estatal como territoriales, con la lacra del juego ilegal que viene actuando durante décadas al margen del ordenamiento jurídico sin que sus promotores sean perseguidos y sus actividades clausuradas y desmanteladas de raíz”.

Redes de juego ilegal

Dada la inactividad generalizada de las Administraciones ante esta situación, el CERMI recuerda “el deber inexcusable de todas las autoridades públicas de hacer cumplir la legalidad, lo que significa actuar penal, gubernativa y administrativamente contra las redes de juego ilegal que usan a las personas con discapacidad como pantalla pretendidamente social pero que solo sirven a intereses particulares inconfesables”.

En este contexto, el movimiento asociativo de la discapacidad reclama en primer lugar la clausura y desmantelamiento de la denominada Organización Impulsora del Discapacitado (OID), “el principal entramado de juego ilegal en España, sobre el que pesan multitud de sentencias, resoluciones administrativas y expedientes sancionadoras declarando su absoluta ilegalidad y que, no obstante, sigue operando a sus anchas ante la pasividad de los poderes públicos competentes”, denuncia el Comité.

Por todo ello, y con objeto de paliar las consecuencias derivadas de esta, el CERMI se ha adherido a la campaña ‘El juego ilegal NO es un juego’, iniciativa puesta en marcha por UTO-UGT, sindicato mayoritario de la ONCE, y que se desarrollará en todas las comunidades autónomas con marchas, concentraciones y actos de denuncia exigiendo la actuación urgente y contundente de las Administraciones.

Como concluye el Comité, “tolerar el mantenimiento y expansión como hasta ahora del juego ilegal no es solo una burla hiriente del Estado de Derecho y un quebranto de los intereses de los consumidores, sino que supone un daño irreparable al sector de la discapacidad al socavar el espacio social y económico de la ONCE, el primer sostenedor privado de este movimiento social”.

– A día de hoy, 79 asociaciones de pacientes dedicadas a la discapacidad y a la dependencia son ya miembros activos de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?