Como informa el CERMI, “nuestra petición se basa en la protección de valores y derechos que forman parte del acervo de la Unión Europea y que dotan a esta de competencias para legislar, como son la defensa de todos los consumidores y usuarios; la no discriminación de las personas con discapacidad, que sin atención de personal ven imposibilitado el poder hacer uso de las estaciones de servicio; y la igualdad de condiciones en la prestación de un servicio esencial, sin trato desigual por razón del país del que se trate”.
Garantizar la atención
En el caso específico de las personas con discapacidad, el CERMI considera que la presencia permanente de personal y la atención en las tareas de repostaje es una exigencia de la propia normativa europea que obliga a los proveedores de bienes, productos y servicios a disposición del público a realizar ajustes razonables para impedir discriminaciones por razones de discapacidad.
En este contexto, concluye el Comité, “también hemos planteado la comparecencia de un representante de nuestra entidad ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para poder explicar a los diputados la realidad de las personas con discapacidad en relación con el repostaje de carburantes y la necesidad de adoptar con urgencia legislación protectora de sus derechos”.
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