Para que las comunidades de propietarios asuman íntegramente las obras de accesibilidad
El CERMI solicita al Congreso la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, ha solicitado a los Grupos Parlamentarios presentes en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para, de esta manera, obligar a las comunidades de propietarios a asumir íntegramente el coste de las obras y actuaciones de accesibilidad de los inmuebles en los que vivan vecinos con discapacidad o mayores de 70 años.
Así, y aprovechando que el proyecto de ley de Rehabilitación y Regeneración Urbanas se encuentra actualmente en el Parlamento, el CERMI ha traslado a la Comisión una serie de enmiendas de reforma del régimen legal de la propiedad horizontal que, como explica el propio Comité, tienen por objeto resolver un grave problema social derivado de la ausencia de accesibilidad de gran número de los inmuebles de nuestro país, que impide a las personas con discapacidad y mayores ejercer su derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna.
Supresión del límite de 12 mensualidades
Entre sus propuestas, el CERMI plantea la supresión del límite vigente de 12 mensualidades de cuotas cuando sea solicitada por los vecinos con discapacidad o mayores de 70 años.
Como explica el CERMI, «este límite marca, desde 2011, el punto hasta donde están obligadas las comunidades de propietarios para llevar a cabo obras y actuaciones de accesibilidad y lo que supere dicha cantidad no resulta obligatorio, siendo por cuenta de las propias personas afrontar el coste de la intervención de accesibilidad».
Debe reseñarse que en la vigente legislación de propiedad horizontal, esta limitación se aplica solo a la accesibilidad. No así en otras cuestiones como la seguridad o estanqueidad del edificio, en las que la obligación de la comunidad es total con independencia del coste de la obra o la actuación.
Por todo ello, el CERMI exige que la ley no imponga un trato desigual más negativo cuando se trata de la accesibilidad, lo que supone una clara discriminación que sufren los sectores más vulnerables de la sociedad, como son las personas con discapacidad y mayores».
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