La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a tratar de una manera ‘justa, adecuada y sin discriminación’ a las personas con trastorno mental en la reforma del Código Penal.

Entre otros aspectos, el texto aprobado se hace eco de la “extrema preocupación” del movimiento asociativo dedicado a los trastornos mentales por algunos de los aspectos recogidos en la reforma del Código Penal, recalcando que la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), miembro de Somos Pacientes, ha alertado de cómo “la desinformación y la falta de conocimiento sobre los trastornos mentales producen que en, muchas ocasiones, la sociedad discrimine y rechace, por miedo a lo desconocido, a los afectados por este tipo de trastornos, a los que se estigmatiza de manera constante impidiendo el desarrollo de su proyecto vital”. Y en este contexto, como recoge la proposición ya aprobada, “es precisamente el estigma una de las barreras que en mayor medida dificulta la accesibilidad universal a las personas con trastorno mental, el desenvolvimiento con normalidad en su vida diaria y el acceso a los recursos y a la atención que precisan como ciudadanos de pleno derecho”.

Reforma discriminatoria

En consecuencia, y de continuar con los términos en los que está planteada la reforma con respecto a la vinculación de ‘trastorno mental’, ‘peligrosidad’ y ‘medidas de seguridad’ en previsión de los delitos que se puedan acometer en el futuro, “el Estado se encontrará con cientos de miles de personas expuestas a una legislación y a un régimen penitenciario discriminatorio que, además, privará a este colectivo de la respuesta social y sanitaria que necesita”, advierte el texto. No en vano, la reforma del Código Penal que actualmente está elaborando el Gobierno aplica la calificación de ‘peligrosidad’ a todas las personas con trastornos mentales, lo que “supone la vulneración de los derechos enunciados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento y aplicación por parte del Estado español”, denuncia la proposición no de ley. Es más; “las medidas de seguridad planteadas y los centros de internamiento no son las alternativas más propicias para atender a las personas con trastorno mental grave. Esta problemática no debe ser resuelta en el sistema penitenciario”, explica el texto, que exige que “el internamiento, como medida de seguridad, nunca pueda ser permanentemente prorrogable; que las personas con trastorno mental grave puedan acceder a la libertad condicional en plenas condiciones de igualdad; y que las personas con trastorno mental grave puedan acceder a la libertad vigilada en plenas condiciones de igualdad”.

– A día de hoy, 322 asociaciones de pacientes dedicadas a los trastornos mentales ya son miembros activos de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?