Alberto Ruíz-Gallardón, ministro de Justicia

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado –con 307 votos a favor por ninguno en contra y 12 abstenciones– una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a impulsar «cuanto antes» una normativa que garantice que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica «en igualdad de condiciones» que las demás y «en todos los ámbitos de la vida».

Ante esta votación, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, había remitido una carta a Alberto Ruíz-Gallardón, titular del Ministerio de Justicia, solicitando el apoyo del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular a la proposición de ley de modificación de la Ley del Tribunal del Jurado para que «las personas con discapacidad no sigan excluidas de esta institución judicial, tal y como sucede con la normativa actual».

Y es que, aún a día de hoy, la legislación discrimina a las personas con discapacidad, que no son admitidas como miembros de los jurados por su condición. Y, como recordaba Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, en su misiva a Ruíz-Gallardón, «con esta normativa se trata de impedir la flagrante restricción de derechos que contradice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmada y ratificada por España; es por ello, a nuestro juicio, de suma importancia que este cambio legislativo se lleve a efecto».

Aún sin acceso a los Jurados

La proposición de Ley, debatida y aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados, proponía modificar la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para adaptarla a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, la propuesta que contemplaba el acceso a los Jurados de las personas con discapacidad no ha sido aprobada por el Parlamento «desaprovechándose así una oportunidad preciosa para resolver definitivamente una discriminación palmaria del colectivo en su acceso a la Justicia», lamenta el CERMI.

Por todo ello, el Comité «deplora que los derechos humanos de las personas con discapacidad no constituyan una prioridad política y que siempre se encuentren razones y justificaciones para aplazar o posponer su cumplimiento efectivo, perpetuándose las situaciones de exclusión«.

– A día de hoy, 58 asociaciones de pacientes dedicadas a la discapacidad y a la dependencia son ya miembros activos de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?